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Abogados Laboral Mar del Plata Despidos Indemnizaciones Trabajo en Negro
ESTUDIO JURIDICO TRASSENS 0223-4751085/ 0223-155458788 CONSULTAS POR MAIL A: trassens.doc@hotmail.com SANTIAGO DEL ESTERO 2151 CON CITA PREVIA SOLAMENTE

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19 de Agosto, 2013 · ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA

ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA DRA. TRASSENS 155458788 FALLO:Contrato de Trabajo - Igual remuneración por igual tarea - Trato discriminatorio -Discriminación salarial

Mastronardi, Roxana Ester y otros vs. Cencosud S.A. s. Diferencia de salarios

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes junio de 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:
I.- Apela la parte demandada la sentencia de grado que admitió las pretensiones salariales e indemnizatorias articuladas en el inicio.
Disconforme con la regulación de sus honorarios, se presenta el perito contador.
II.- El agravio central, dirigido contra la decisión que admitió las diferencias reclamadas, carece de consideraciones eficaces que permitan un nuevo análisis de los hechos y una conclusión distinta a la que se arribara en grado.
En efecto, el cuestionamiento a la valoración de las pruebas, en concreto a las presunciones establecidas en su contra por la insuficiente documentación presentada al perito, no exceden los límites de una mera manifestación de disconformidad, donde se reitera una postura sin intentar la crítica de los fundamentos que en grado llevaron a una conclusión contraria a su interés. En esos términos, este aspecto del recurso se exhibe desierto de conformidad con lo prescripto en el art. 116 LO.
Por lo demás, no es un hecho discutido que los actores recibieron aumento de salario, lo es que esos aumentos fueron considerados insuficientes. 
Sobre el punto la demandada asume la posición de negar la disparidad salarial, alegando en su favor la incidencia de diversas circunstancias (antigüedad, sucursal, sección de trabajo, desempeño, etc.) que no aclara ni acredita. 
En efecto, las "particularidades objetivas de la relación laboral de cada trabajador", como expresa la recurrente, permanecen reservadas sólo a la esfera de conocimiento de su parte, lo que impidió a la Sentenciante e impide a este Tribunal el análisis de su validez, eficacia, razonabilidad y adecuación normativa. 
En los términos expresados el agravio es insuficiente y la consecuencia que de ello se deriva es la confirmación de la decisión adoptada en grado sobre este aspecto del recurso. 
III.- La desestimación de la multa admitida en grado con fundamento en el art. 1 de la Ley 23592, se ha sustentado en iguales razones que las vertidas respecto de la cuestión anterior y lo ha hecho con igual carencia argumental. 
Se afirma ello, porque una vez más se pretende respaldar las diferencias salariales habidas en perjuicio de los actores, en parámetros desconocidos en esta causa.
La situación procesalmente reconocida encuadra adecuadamente en las previsiones contenidas en el art. 1 de la Ley 23592, por lo que su procedencia debe ser confirmada.
IV.- Los honorarios regulados en favor de la totalidad de los profesionales actuantes, lucen razonables de acuerdo a la importancia, mérito y extensión de las tareas desempeñadas y adecuados a las pautas arancelarias de aplicación, por lo que deberían ser mantenidos. 
V.- Por las razones expuestas, propongo en este voto: se confirme la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; se impongan las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25 % de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la anterior instancia. (art. 68 CPCCN; arts. 14 y 18 Ley 21837) 
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede aunque deseo dejar en claro los fundamentos de mi conclusión, teniendo en cuenta que a mi juicio el recurso se encuentra adecuadamente elaborado en los términos del art. 116 de la Ley 18345.
Dos han sido los cuestionamientos principales de la apelante que se circunscribieron al reclamo de diferencias salariales por la disparidad habida entre diferentes compañeros de trabajo y la multa fundada en el art. 1 de la Ley 23592 habida cuenta de dicha discriminación.
Ahora bien, sabido es que el principio de igual remuneración por igual tarea, es un precepto que responde a la necesidad de impedir, en general, todo tipo de discriminación salarial de los trabajadores, en función del sexo, edad, nacionalidad, creencias políticas o religiosas y cualquier otro tipo de diferencias.
La mentada igualdad salarial debe operar cuando la tarea desempeñada es de igual clase, en igual época, durante el mismo lapso, en iguales condiciones, y para el mismo empleador, y bajo el mismo convenio colectivo de trabajo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que la aplicación de este principio no impide que el empleador retribuya con un plus o con remuneraciones más altas la "mayor idoneidad, dedicación y servicios prestados" por determinado obrero, pues este precepto constitucional invocado en los autos "Ratto c. Productos Stani" (28-06-96) -luego incorporado al art. 81 de la LCT- y más tarde en "Fernández Estrella c./ Sanatorio Güemes S.A. " (23-08-88), tiene por objeto evitar todo tipo de discriminación injusta pero no las distinciones sustentadas en méritos particulares.
También sostuvo la Corte que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase o de ilegítima persecución (fallos 313:1513).
En el caso que nos convoca cabe tener presente que la demandada expresamente señaló, entre otros extremos, que las diferencias salariales que eventualmente pudieran existir entre los empleados obedecieron a criterios objetivos predeterminados (antigüedad, sector de trabajo, desempeño considerado por la evaluación que realiza el personal superior), lo que implica un virtual reconocimiento de que existían diferencias entre los empleados. 
Luego corresponde la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, que hace desplazar el onus probandi del actor al demandado, o viceversa según el caso apartándose de las reglas usuales "para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva (ver Sala VII, en "Barbe José María c/ Metrovías SA, sent. 36961 del 17-09-03).-
En el presente caso, la dificultad del tema en estudio hace que la demandada estuviera en mejor posición para demostrar que no hubo discriminación y no lo hizo.
Tal como lo indicó la sentencia de primera instancia no sólo los testigos -cuyos dichos se señalan- dieron cuenta de la mentada discriminación, sino que a ello cabe agregarle que según informó el Sr. perito contador, la demandada omitió exhibir toda la documentación correspondiente a los trabajadores para poder cotejar sus salarios con los restantes empleados.
Así entonces considero que la demandada no ha logrado demostrar las razones objetivas que pudieren justificar el tratamiento diferente entre los empleados por lo que propongo sin más la confirmación del fallo en este substancial punto.
En atención a los fundamentos precedentemente expresados y teniendo en cuenta que ha quedado prístinamente acreditada la discriminación denunciada por los actores, cabe también confirmar la sentencia en cuanto condena a la demandada al pago de resarcimiento basado en la Ley 23592 (art. 1) y así doy mi voto. 
En todo lo demás, por compartir sus fundamentos incluso en lo atinente a costas y honorarios, adhiero al voto que antecede. 
EL DOCTOR JULIO VILELA DIJO:
I- La a quo sostuvo que quedó acreditado que a los accionantes no les concedieron los aumentos otorgados al resto del personal y que la demandada no trajo ninguna prueba sobre las razones objetivas que alegó para avalar dicha omisión (fs. 681).
II- Los votos que me preceden resultan coincidentes en cuanto a que la demandada no aclaró ni acreditó la incidencia de diversas cuestiones que pudieron avalar las diferencias remuneratorias. No probó las razones objetivas del diverso tratamiento. Por ello, y porque el primer voto sostuvo que el recurso de la demandada estaba desierto (art. 116 LO) de lo que se sigue la existencia de las diferencias salariales, no encuentro diferencias en las fundamentaciones de los dos votos. Las sentencias de la Cámara se dictarán por mayoría de votos, previo sorteo entre los integrantes de la Sala del orden de votación en el expediente, pero bastarán los votos de dos integrantes de la Sala cuando éstos hayan votado en primero y segundo términos en el mismo sentido (art. 125, segundo párrafo, LO). a mayor abundamiento, adhiero a los votos que anteceden.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada;
2) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada;
3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25 % de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la anterior instancia. 
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
VICTOR A. PESINO - ESTELA MILAGROS FERREIRÓS - JULIO VILELA.
publicado por paulatrassens a las 14:47 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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