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Abogados Laboral Mar del Plata Despidos Indemnizaciones Trabajo en Negro
ESTUDIO JURIDICO TRASSENS 0223-4751085/ 0223-155458788 CONSULTAS POR MAIL A: trassens.doc@hotmail.com SANTIAGO DEL ESTERO 2151 CON CITA PREVIA SOLAMENTE

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ABOGADOS MAR DEL PLATA ESTUDIO JURIDICO TRASSENS 155458788 / 4751085 / trassens.doc@hotmail.com Riesgos de Trabajo Responsabilidad Civil Responsabilidad de la ART Alta médica anticipada

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:
I.-La sentencia de fs. 637/640 ha sido recurrida por la parte actora a fs. 643/648 mereciendo réplica de las contrarias a fs. 664/666 y fs. 667/668.
La parte demandada a fs. 649/650 apela el modo en que fueron impuestas las costas y los peritos médico y contador, a fs. 641 y fs. 642 apelan los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos. 
II.- La Sra. Jueza de grado admitió la defensa esgrimida por la parte demandada y la eximió de responsabilidad con fundamento en el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil. Para decidir de esa manera, valoróen lo esencial, las testimoniales obrantes en la causa penal, la inspección ocular realizada por el ingeniero forense y el informe técnico del experto designado de oficio en la causa. En orden a ello, no encontró corroborada la versión del actor que adujo que no le funcionaron los frenos y por el contrario, consideró que la demandada acreditó que la unidad que utilizaba el actor para desempeñarse como chofer se encontraba en óptimas condiciones técnicas, concluyendo que el accidente denunciado se produjo por culpa del accionante. 
La parte actora insiste ante esta Alzada que la Sra. Jueza de grado valoró erróneamente los testimonios de quienes declararon a su propuesta, que a su entender dan cuenta de que al actor no le funcionaban los frenos y que al querer frenar para detener la unidad, le fue imposible. También sostiene que valoró incorrectamente la prueba pericial técnica pues afirma que tanto la demandada como la aseguradora no cumplían con las normas de seguridad e higiene en el trabajo y que la documentación y datos aportados son posteriores al accidente de autos (16/1/08). En concreto, señala que en modo alguno el accidente se produjo por culpa del actor, sino que en realidad fue por falta de mantenimiento adecuado de la unidad que manejaba. También afirma que al considerar los testimonios rendidos en la causa penal sin que se hubiere dictado sentencia, violó lo normado por el art. 1101 del Código Civil. 
Coincido con la solución adoptada en origen, pues la recurrenteno aporta elementos de suficiente envergadura que logren rebatir la decisión adoptada por la Sra. Magistrada de grado.
En efecto, llega firme a esta Alzada que el actor padeció un accidente el día 16/1/08 en horas del mediodía en cercanías de la parada del colectivoporque al momento en que se predisponía a subir pasajeros no pudo detener la unidad colisionando el frente de la misma con la parte trasera de un colectivo de la línea 49. Dicho accidente se encuentra reconocido por las partes y avalado por las declaraciones rendidas en la causa penal seguida contra el actor por lesiones culposas (art. 94 CP,) que en fotocopias certificadas obran a fs. 301/319. 
Ahora bien, a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio de los litigantes, a fs. 694/695, se ordenó una medida para mejor proveerpara que el Señor Fiscal, Dr. Ofila, a cargo de la Fiscalía ante el Juzgado Correccional Nº 7 informara el estado en que se encontraba la causa. De la fotocopia certificada acompañada a fs.709/711 surge que se decretó la suspensión del proceso a prueba por el término de dos años y se impuso al actor el cumplimiento de algunas reglas de conducta durante el plazo señalado, en particular, realizar y aprobar el curso de "Reeducación para el uso de la vía pública".
En estas condiciones, la crítica de la parte actora acerca de que la Sra. Magistrada de grado violó el principio de prejudicialidad es improcedente. De acuerdo a lo normado por el art. 76 quáter del Código Penal (art. 5° de la Ley 24316), la concesión de los beneficios del juicio penal a prueba torna inhábiles las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil. En esta inteligencia, siendo que tales dispositivos no resultan aplicables en el caso concreto, no impide la posibilidad de que en sede laboral se analice la conducta del trabajador, no obstante, aclarar que, conforme reiterada jurisprudencia cuyos fundamentos comparto, la culpa laboral se informa en principios diferentes a los que constituyen la penal por lo que no tiene que guardar siempre y necesariamente obligada correspondencia con las reglas que rigen ese ámbito particular.
Despejada esta cuestión, cabe determinar si el accidente ocurrió por culpa del trabajador y en definitiva si operó la eximente de responsabilidad prevista por el art. 1113, última parte del Código Civil. En orden a ello, quedaba a cargo de la demandadaacreditar la existencia de culpa del trabajador para eximirse de la responsabilidad de indemnizar el daño cuya reparación pretende el actor, pues sobre ella pesa el deber de seguridad que es de cumplimiento ineludible a tenor de lo normado por el art. 75 de la LCT.( CNAT, Sala VII en autos "González, Edgardo Darío C/ Flecha Bus S.R.L. Y Otros S/ Accidente - Acción Civil", S.D. 39.861 del 9.2.07; esta Sala in re "Murua Héctor Eugenio Marcelo c/Soda Alvarez Hermanos e Hijos S.R.L. y otro s/despido", S.D. 86.668 del 26/5/11)
Desde esta perspectiva, considero que en autos existen elementos que revelan una conducta culpable del actor que permite eximir de responsabilidad de la parte demandada .En efecto, en primer lugar de las declaraciones analizadas, ya citadas, por la Sra. Jueza de grado obrantes en las fotocopias de la causa penal (v. fs. 301/320) surge el modo en que se produjo el accidente, concretamente, el actor embistió a otro colectivo que se hallaba detenido en la parada de ascenso y descenso de pasajeros mientras que las declaraciones rendidas por los testigos propuestos por el actor, Pérez fs. 244/245) y Amanquez (fs. 393) nada aportan para la dilucidación de la litis, pues además de carecer de precisión, la prueba testimonial no es el medio idóneo para determinar si el actor empleó la debida diligencia o si la demandada dio cumplimiento de los deberes de seguridad y prevención, pues en realidad la prueba relevante para dilucidar la cuestión, como lo entendió la Magistrada de grado, consiste en las periciales técnicas.
En tal sentido, del informe emitido por el perito Ingeniero vial Forense, Pablo de la Puente (v. fs. 315/316)surge que el día del suceso, 16 de enero de 2008,se apersonó al lugar donde ocurrió el accidente y constató que un colectivo de la línea 104 interno 1034 presentaba un impacto frontal, con mayor incidencia sobre el sector derecho, producido por el contacto con la parte trasera del otro colectivo involucrado; que por razones de seguridad y ante la imposibilidad de poner en marcha el vehículo debido a la actuación de los bomberos por las características del accidente ocurrido, solicitó la retención de la unidad para ampliar la pericia no sin antes apreciar que sobre la calzada existían dos huellas de frenadas dejadas por las ruedas traseras del Colectivo de la línea 104 siendo la extensión de la dejada por la rueda izquierda de 1,8 metros y la de la rueda derecha de 1 metro; con posterioridad el 19 de enero del 2008, se constituyó en la dependencia policial y luego de haberse reparado los cables de las baterías y conectarlas correctamente, puso en marcha la unidad y verificó que la carga de aire del compresor era normal y fundamentalmente, al accionar el pedal de frenos, no observó anomalías en el sistema correspondiente.
Como se puede apreciar, la revisión técnica se llevó a cabo en tiempo razonable y si bien la inspección del sistema de frenos no se hizo en el mismo momento en que aconteció el accidente, sino dentro del tercer día, a solicitud del perito ingeniero la unidad quedó retenida en la comisaría, circunstancia que permite presumir la inalterabilidad de las condiciones en las que se encontraba el vehículo al momento del accidente, verificándose que el sistema de frenos se encontraba en perfectas condiciones. 
Por otra parte a fs. 376/377 el perito ingeniero, designado de oficio, José Pablo Punzio, informó que la empresa de Transportes 104 S.A. cuenta con servicio de Higiene y Seguridad laboral, cuyo responsable, Ingeniero Sr. Javier Berns, entregó la documentación cuyas copias fueron acompañadas por el propio perito, donde fue posible observar un plan de mantenimiento preventivo de las unidades y sus controles periódicos. Asimismo se suministró copia de los procedimientos de capacitación de conducción para el personal de las unidades e instructivos de manejo defensivo. Agregó que la empresa ha sido calificada en nivel III y presenta además certificado de revisión técnica de la unidad aprobado -CENT-UTN y que comprobó en la documentación aportada en ocasión de visita a la empresa aseguradora, Consolidar ART S.A., que se realizaron visitas, existiendo 16 constancias, desde el 12/7/2007 al 15/4/2009, y controles a los domicilios de la empresa demandada en cumplimiento de la normativa vigente.
El fundado informe emitido por el ingeniero laboral, que encuentra sustento en la documental que le exhibió la empresa demandada y la normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo, no fue impugnado por las partes por lo que las manifestaciones que la apelante introdujo a fs. 644/vta./645 resultan extemporáneas, en tanto no puede introducirse, por vía de apelación alegaciones que no fueron sometidas a la decisión de grado pues ello se encuentra vedado por el art. 277 CPCCN.
Por lo expuesto y dado que el informe de fs. 376/377 posee el debido respaldo documental y que ha sido realizado conforme lo normado por el art.472 del CPCCN, cabe otorgarle suficiente fuerza probatoria y acredita que la empresa demandada tenía a su cargo un servicio de Higiene y Seguridad laboral que efectuaba un plan de mantenimiento preventivo de las unidades y sus controles periódicos, tal como se desprende de la documental acompañada, obrante a fs. 363/363.
Cabe agregar, como un elemento de significativa importancia, que de acuerdo a la constancia glosada a fs. 363, el experto constató que dos días antes del accidente se había realizado el mantenimiento preventivo de los frenos, aspecto puntualizado por la Sra.Jueza de grado, sin embargo, la parte actora en su memorial recursivo, nada dijo al respecto. (art. 116 L.O.).
Con los elementos hasta aquí reseñados, valorados de conformidad a las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN), advierto que la unidad de transporte que utilizaba el actor para desempeñarse como chofer se encontraba en condiciones técnicas adecuadas, pues la empresa demandada acercó toda la prueba conducente para exonerarse de su deber de reparar y acreditó que realizaba los controles de prevención y mantenimiento (art. 75 LCT), en especial, respecto de los frenos,cuyo mantenimiento había sido efectuado dos días antes del accidente y que tal como detectó el perito ingeniero forense, no presentaba anomalías.
Resalto que si los frenos no hubieran funcionado correctamente, en la postura del actor, el curso normal de los sucesos que determina que el chofer de colectivos, especialmente habilitado para su conducción, debe ingresar a la parada de descenso y ascenso de pasajeros, en forma moderada y prudente, no encuentra explicación , tampoco surge de las pericias analizadas ningún otro elemento que avale su tesis, menos aún ante la existencia de huellas de frenadas dejadas por el colectivo que conducía el actor cuando embistió a un rodado que se encontraba detenido. 
Lo expuesto y en coincidencia con la decisión adoptada en grado, lleva a mi convicción que el trabajador, chofer profesional, provocó un accidente porque no condujo con el adecuado dominio del vehículo en violación a las normas que obligan a los conductores a circular con cuidado y prevención (arts. 39 inc. b,48 inc. d y 49 inc. a) de la Ley 24449)y embistió a otro colectivo cuando éste se hallaba detenido, tal proceder, en este caso en particular, dado las características que presentó el accidente y las consecuencias que produjo, lesiones en pasajeros de ambos vehículos, todo ello, revela una conducta culposa y negligente que aprecio como suficiente para que actúe como eximente de responsabilidad.
Por las consideraciones vertidas, propicio se mantenga el rechazo de la acción contra la empresa demandada, tal como ha sido decidido en grado. 
III. Sin embargo, considero que respecto de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la solución es diferente. En efecto, la aseguradora si bien negó la responsabilidad que se le endilga con motivo del accidente denunciado por el actor y desconoció las circunstancias en las que habría acontecido, reconoció la existencia de un contrato de afiliación con la empresa codemandada, vigente al momento del accidente y en los términos de la Ley 24557, el 18/1/08 recibió la denuncia y no fue rechazada (D.717/96 , a la par, reconoció haber otorgado la asistencia de rigor hasta el alta médica de fecha 29/2/08 (v. fs. 86 vta./87, y 99 vta. de la contestación de demanda).
En este contexto, dado que el actor alegó en el inicio (v. fs. 41 y sgtes) que la ART no suministró correctamente las prestaciones necesarias para su total rehabilitación, corresponde determinar si la mencionada ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley 24557 y sus decretos reglamentarios. 
Previo a ello, corresponde examinar las pericias médicas y psicológica producida en autos. Con respecto a la incapacidad física, el perito médico legista en el informe de fs. 572/578 y aclaraciones de fs. 587, concluyó que el actor como consecuencia del accidente no padece incapacidad física, a la que arribó mediante estudios semiológicos y demás exámenes complementarios Si bien este informe y su aclaración fue impugnada por la actora a fs. 583/584 y 593/594, lo cierto es que como bien indicó el experto, encuentra sustento en todos los exámenes realizados al actor detallados a fs. 573 vta./574 y cabe otorgarle plenos efectos probatorios (arts. 386 y 477 del CPCCN) pues el actor en su memorial recursivo no ataca los fundamentos científicos ni sus consideraciones que estuvieron precedidas por el examen clínico practicado al paciente, de allí que sus manifestaciones en torno al informe médico sólo constituyen una manifestación subjetiva, general y dogmática que no logra conmover el informe médico legista. En este aspecto no observo que la aseguradora hubiera incumplido sus obligaciones pues el actor no presenta incapacidad física y las prestaciones le fueron otorgadas hasta el momento del alta. 
Sin embargo, la Licenciada en psicología en el informe de fs. 272/275 señaló que el siniestro de autos dejó secuelas psicológicas que son observables a partir de las técnicas verbales y gráficas, arribando al diagnóstico de estrés pos traumático, aclarando que la característica esencial es la aparición de síntomas que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y traumático, que representaron un peligro o amenaza para la integridad física y que la respuesta del peritado frente a este acontecimiento incluye temores e inseguridades y desesperanza. Agregó que el estrés post traumático que obedece, entre otros factores, al recuerdo del acontecimiento en forma recurrente,le provoca insomnio de conciliación y de mantenimiento y la repetición de los sueños traumáticos, en los que revive intensamente el accidente y se coloca de nuevo en la situación traumática. De acuerdoal baremo nacional de la Ley 24557 y su decreto 659/96 la experta determinó una incapacidad de carácter parcial y permanente, del 22 % de la t.o. y señaló que el actor no recibió tratamiento psiquiátrico ni psicológico y que a más de un año y medio de acontecido el accidente se observa cronificación del cuadro debiendo utilizar mecanismos compensatorios para poder sobreponerse y desarrollar su profesión. 
Este informe, ratificado por la experta a fs. 382/384 fue impugnada por ambas codemandadas pero en especial, Consolidar lo hizo a fs. 326/327, 412, 428/431 donde básicamente requirió explicaciones acerca de la metodología empleada y los factores de ponderación empleados para determinar la incapacidad, solicitando asimismo el pase de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense.
Analizadas las presentaciones de la codemandada Consolidar, advierto que no se han desvirtuado los fundamentos científicos que avalan la pericia ni sus consideraciones, que encuentran sustento en técnicas verbales y gráficas practicadas al paciente y si bien la codemandada Consolidar expresó reiteradamente su disconformidad,no aportó ningún elemento concreto para rebatir losfundamentos brindados por la experta, al punto que siempre ratificó su informe original (v. fs. 382/384, 428/431). 
Por ello, considero que la experta en su informe de fs. 272/275 tuvo en cuenta, reitero,entre otros elementos, los estudios realizados al actor y los baremos que no son más que tablas que relacionan -en abstracto- enfermedades con disminución de la capacidad laborativa genérica estimada, frente a un padecimiento determinado y la incapacidad posible. Su carácter es estimativo, ya que diferentes tablas pueden informar incapacidades distintas para una misma dolencia, según los parámetros que utilice quien la diseñó y no basta para impugnar el grado de incapacidad otorgado la mera disconformidad o la crítica genérica. Además, recuerdo que ningún baremo es de aplicación obligatoria ya que no es ni más ni menos que una pauta indicativa más para estimar la incapacidad laborativa que aqueja a una persona determinada a causa de una afección en un caso concreto.
Por último, los factores de ponderación considerados por la experta en la presentación de fs. 428/431 donde se explica de acuerdo a la normativa vigente (edad y dificultades para realizar la tarea habitual) tampoco fueron objeto de una concreta observación, máxime que allí (v. fs. 431) también se sostiene que el padecimiento del actor no es atribuible a la personalidad de base. Desde tal perspectiva y teniendo en cuenta los elementos que preceden, otorgo suficiente fuerza probatoria al informe psicológico, cuyo porcentaje de incapacidad (22 % de la t.o.) luce adecuado. (arts. 386 y 477 CPCCN).
No estimo procedente la remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, solicitada por laART codemandada dado que no advierto en este caso la existencia de las circunstancias excepcionales contempladas por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nro. 47/09, del 15.12.09. Consecuentemente, en el marco de dicha disposición reglamentaria, no corresponde hacer lugar a la remisión requerida. 
Ahora bien, surge de las constancias de autos que la aseguradora demandada, luego de otorgar prestaciones médicas mediante sus prestadores médicos, otorgó el actor el alta médica con fecha 29/2/08 y éste a su vez, recurrió en divergencia ante la Comisión Médica Jurisdiccional, que con fecha 15/4/08 determinó que no presentaba secuelas del accidente denunciado ni ameritaba prestaciones por la ART (v. fs. 86 vta. de la contestación de demanda). Sin embargo, por aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en los casos "Castillo"-C.2605 XXXVIII 7/9/2004; "Venialgo" V.159.XLI 13/3/2007 y "Marchetti" C.804 XLIII 4/10/2007, el dictamen referido no constituye un obstáculo para que este Tribunal evalúe la procedencia de la reparación del daño siendo que el actor acreditó que padece un trastorno de stress postraumático y al no haber rechazado la denuncia del accidente, la aseguradora tiene obligación de otorgar al actor la totalidad de las prestaciones económicas y en especie que amerite el caso particular.
Por ello, ateniéndome a los términos del escrito de inicio, donde el actor denuncióque se le otorgó una cobertura médica deficiente y que al momento del alta, febrero del 2008,no había superado con éxito el accidente acontecido, extremo que como ya he mencionado, se corroboró mediante el informe pericial psicológico, realizado en diciembre del 2009 (v. cargo de fs. 275), donde se expresa que a más de un año y medio de acontecido el accidente y de habérsele otorgado el alta médica, padece una cronificación del cuadro por stress pos traumático (v. fs. 275), estimo que de habérsele otorgado las debidas prestaciones a tiempo (arts. 1° inc. 2° apartado b) y 20 inc. a) Ley 24557), el actor podría haber superado su afección inclusive sin secuela alguna, tal como se expresa en el Decreto 659/56, apartado I, grado II, sección Psiquiatría.
En tales condiciones considero que le cabe a la ART Consolidar responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 24557, reprochable desde la égida del derecho común (artículo 1074 Código Civil) pues no era imprevisible, partiendo de un análisis mínimo de sentido común, sobre el que se emplaza la valoración jurídica impuesta a la magistratura (artículo 901 y cctes. del C.Civil) que, luego dede haberse expuesto a un acontecimiento estresante y traumático, no aparecieran síntomas de un stress postraumático constatado por la licenciada en psicología y que sin el tratamiento adecuado, desembocó en un trastorno en su salud psíquica, tal como finalmente ocurrió.
En este contexto, ante la existencia de omisiones antijurídicas imputables, al menos a título de culpa de la ART, ésta debe ser responsabilizada en el plano del derecho común (artículos 1109, 1074 Código Civil) pues existe nexo causal adecuado con el daño y dicha omisión no puede ser catalogada como ajena si los actos omitidos, impuestos por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.
Desde esta perspectiva, considero que se concretó una ilicitud de omisión, imputable a título de culpa, con incidencia causal jurídicamente relevante, pues el actor padece un daño generado porque la Art aseguradora incumplió su obligación legal de suministrar la totalidad de las prestaciones en especie y hasta la curación completa mientras subsistieran los síntomas incapacitantes (art. 20 L.24557 y D. 659/96), cuadro que además se ha tornado crónico, por ende, corresponde condenarla a abonar al trabajador la reparación integral solicitada en el inicio. 
A los fines de fijar la indemnización mediante la cual se pretende la reparación integral del daño causado a la persona trabajadora con sustento en las normas del Derecho Civil, no puede utilizarse únicamente fórmulas matemáticas preestablecidas y por ende, tampoco aplicarlas en su individualidad, sino que es necesario tomarlas como un indicio e incluirlas dentro de un cúmulo de circunstancias como el grado y tipo de incapacidad ; las consecuencias derivadas de ésta en la actividad que desarrollaba o que desarrolle, su incidencia en la vida de relación; el trabajo realizado; el sexo, la edad a la época del infortunio, el estado civil, las cargas de familia, la expectativa de vida, sin que se pueda omitir que conforme ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación "... no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" y "... que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos... no conforman pautas estrictas que quien juzga deba seguir inevitablemente pues que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social..." (CSJN, 21/9/2004 "Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/Accidentes Ley 9688" A.2652.XXXVIII y "Recurso de Hecho Arostegui, Pablo Martin c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y PametalPeluso y Compañía S.R.L. A 436 X.L, del 8/4/2008).
En este contexto, tengo en cuenta la edad del damnificado al momento de los hechos (56 años), las particularidades de las tareas que desempeñaba como conductor profesional de una línea de colectivos,el tipo y grado de afección que presenta, el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado de trabajo y sus perspectivas económicas; la incapacidad laborativa, que percibía una remuneración de $ 2.640 (fs. 410 de la pericia contable),el daño emergente y el lucro cesante en que todo ello se traduce (cfr. CNAT, Sala II, "Alvez Pereyra Ramón c/Servicios Forestales El Bosque SRL s/accidente", SD 94.182 del 27/4/2006, con cita de los fallos de la CSJN, "Audicio de Fernández c/Prov. de Salta" del 4/12/80, "García de Alarcón c/Prov. de Buenos Aires -Fallos 304:125 y "Badiali c/Gobierno Nacional", L.L.24/12/86)y agregaré la reparación del daño moral que es procedente conforme lo normado por el art.1078 del Código Civil y la doctrina que emana del Fallo Plenario Nro. 243 de esta Cámara, cuyos fundamentos comparto.
Conforme a los parámetros expuestos sugiero que el monto del resarcimiento que corresponde por la vía civil ascienda a $ 120.000, desglosado en las sumas de $ 100.000 para resarcir el daño material y $ 20.000 en concepto de daño moral, más los intereses de la tasa deinterés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, fijada por esta Cámara en el acuerdo celebrado el 07/05/02 (Acta Nº 2357), que deberá ser calculada a partir del 28/2/2008, momento en el cual la ART incurrió en mora al otorgar el alta en forma apresurada. 
IV. A influjo de lo normado por el art.279 del CPCCN y dado la modificación que propongo, corresponde expedirme acerca de lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios. Propongo fijar las costas en ambas etapas, respecto de la acción entablada contra la demandada Empresa Transporte Línea 104 S.A. por su orden en tanto el actor pudo considerarse asistido con derecho a demandar (art. 68 segundo párrafo del CPCCN) y las correspondientes a la acción entablada contra Consolidar ART S.A. a su cargo, en su carácter de objetivamente vencida (art. 68 CPCCN).
Del mismo modo, en función del mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, el valor económico del juicio, el resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandadas -Empresa Transporte Línea 104 S.A. y Consolidar ART S.A. y peritos médico, psicóloga, contador e ingeniero en el 14 %, 14 %, 12 %, 6 %, 6 % , 5 % y 6 %, respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena incluido capital e intereses (art. 38 L.O. arts. 38 de la LO y art. 3º inc. b y g del D. 16638/57 y demás normas arancelarias de aplicación). 
Finalmente, propongo regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la actora y demandadas -Empresa Transporte Línea 104 S.A. y Consolidar ART S.A. por su actuación en esta instancia, en el 28 %, 28 % y 26 % para cada una, respectivamente de lo que en definitiva les correspondiera percibir por su actuación en la etapa anterior. 
V. En consecuencia, de compartirse mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de agravios con relación a la demandada Empresa Transporte Línea 104 S.A. y revocarla respecto de la codemandada Consolidar ART S.A. a quien se la condena a abonar al actor, Sr. Juan Saúl Guerra, en el plazo de cinco días la suma de $ 120.000 con más los accesorios dispuestos en el presente; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN)y 3) Costas y honorarios de ambas etapas, de conformidad con lo establecido en el Considerando IV del presente. 
La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:
Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de agravios con relación a la demandada Empresa Transporte Línea 104 S.A. y revocarla respecto de la codemandada Consolidar ART S.A. a quien se la condena a abonar al actor, Sr. Juan Saúl Guerra, en el plazo de cinco días la suma de $ 120.000 con más los accesorios dispuestos en el presente; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN)y 3) Costas y honorarios de ambas etapas, de conformidad con lo establecido en el Considerando IV dela presenteSentencia. 
Regístrese, notifíquese, comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
Gloria M. Pasten de Ishihara - Gabriela Alejandra Vázquez.
publicado por paulatrassens a las 20:55 · 1 Comentario  ·  Recomendar
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hola buen dia .
necesito reclamar a la art o quien corresponda soy chofer de colectivo en san clemente del tuyu hace cuatro meses estoy con problemas de cintura tenia dos hernias y hace unos dis me hicieron un bloqueo ahi en mar del plata en elradiologio y la cuestion es que no puedo manejar mas por mi discapacidad que me produjo eso y la art y mis empleadores se lavaron las manos y me dejaron solo en esto
publicado por gustavo ariel cabral, el 15.02.2016 12:02
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1 Comentario: gustavo ariel cabral
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