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Abogados Laboral Mar del Plata Despidos Indemnizaciones Trabajo en Negro
ESTUDIO JURIDICO TRASSENS 0223-4751085/ 0223-155458788 CONSULTAS POR MAIL A: trassens.doc@hotmail.com SANTIAGO DEL ESTERO 2151 CON CITA PREVIA SOLAMENTE

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09 de Junio, 2013 · ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA

ABOGADOS MAR DEL PLATA LABORAL - 0223-4751085 / 0223-155458788 Email trassens.doc@hotmail.com - DESPIDO FRAUDE LABORAL - REGIMEN DE COOPERATIVAS.

Partes: Pedernera, Ceferino Ramón Antonio c/ Miguel Morales e hijos Soc. de Hecho y ots. s/ despido

 

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

 

Sala/Juzgado: Unipersonal

 

 

Fallo:

 

En la Ciudad de Mendoza, a los veintiséis días del mes de marzo de 2013, en la Sala Unipersonal Nro. III de la Excma. Quinta Cámara del Trabajo, el Dr. Antonio Sánchez Rey, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 7062, a efectos de dictar sentencia en Autos. 14.406 - caratulados "PEDERNERA, CEFERINO RAMÓN ANTONIO C/ MIGUEL MORALES E HIJOS SOC.DE HECHO y OTS. P/ DESPIDO",

 

MENDOZA, 26 de marzo del 2013.-

 

VISTO:

 

El llamado de autos para dictar sentencia de fs.167, de los que:

 

RESULTA:

 

A fs. 07/11 el señor CEFERINO RAMÓN ANTONIO PEDERNERA por su propio derecho con patrocinio letrado, inicia demanda ordinaria contra MIGUEL MORALES E HIJOS SOCIEDAD DE HECHO, MIGUEL MORALES (padre), MIGUEL MORALES (hijo) y DANIEL MORALES (hijo), reclamando la suma de $ 29.314,82 o la cantidad que en más o en menos resulte de las pruebas rendidas en autos, intereses y costas.-

 

En la relación fáctica de la demanda, indica que su mandante ingresó a trabajar para el demandado en el mes de noviembre de 1990, en temporada de noviembre a febrero que solía extenderse a los meses de mayo y junio, desarrollando tareas de obrero de galpón, siembra y corte de ajo chino y colorado, cumpliendo sus tareas durante cuatro meses en el año, actividad regulada por el CCT.320/99.-

 

Acusa que integraba cuadrillas que conformaban los demandados y se efectuaba el pago de los sueldos bajo la modalidad destajo, inferiores a los establecidos por convención colectiva de la actividad.-

 

Denuncia que la vinculación lo ha sido permanente de prestación discontinua habiendo trabajado todas las temporadas desde 1990 hasta el día 13 de diciembre del 2005, fecha en que se le impide la continuidad laboral por lo que el día 21 de diciembre del 2005 remite a los demandados el telegrama en que solicita ratificación o rectificación del despido verbal que le efectuó MIGUEL MORALES HIJO reclamando además, asignaciones no remunerativas adeudadas y diferencias salariales año 2004 y 2005.-

 

Los demandados mediante carta documento contestanel día 29 de diciembre del 2005 rechazando el telegrama enviado por el actor, negando existencia de vínculo laboral, categoría profesional y fecha de ingreso, exponiendo presunta existencia de una relación asociativa que mantenían la accionada con la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda.-

 

En la misma fecha, 29 de diciembre del 2005, el actor responde por telegrama rechazando los términos de la carta documento remitida por la empleadora por falaz y maliciosa y procede a considerarse despedido sin justa causa, emplazando en plazo de 48 horas a la cancelación de indemnización del distracto, demás rubros reclamados anteriormente, art.4  ley 25.972 bajo apercibimiento del art.2  de ley 25.323, solicitando entrega de certificado de servicios y remuneraciones.-

 

Sin embargo, lejos de cumplimentar las obligaciones denunciadas la demandada rechaza el despacho postal remitido por el actor el día 29 de diciembre del 2005 ratificando términos de la carta documento que remitieran.-

 

Formula la liquidación, invoca el derecho y ofrece la prueba.-

 

A fs.41/45 y vta.la demandada contesta la demanda y solicita integración de la litis a la Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Ltda.-

 

Por el imperativo procesal niega todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su escrito de demanda, como la autenticidad de la documental adjunta a excepción de todo aquello que expresamente reconozca en el presente responde (art.168 inc.1  del CPC y art.108 CPL.).-

 

Y en especial, niega que adeude suma alguna al actor; que trabajara para MIGUEL MORALES E HIJOS SH; que haya ingresado en la fecha que indica y que lo hiciera en tareas de obrero general de galpón durante la siembra y corte del ajo chino y colorado rigiendo su actividad el CCT.320/99; que trabajara seis meses al año y que la temporada se extendiera; que existiera obligación de registración alguna según la previsión de la ley 24.013 ; que integrara cuadrillas que conformaba la firma demandada; que existiera responsabilidad patronal conforme el art.36 del convenio; que se hubiese convenido pago de sueldo a destajo e inferior al del CCT.; que realizara tareas en el establecimiento para el manipuleo, empaque y expedición de hortalizas; que sea cierto que el actor trabajara las temporadas desde el año 1990 hasta el día 13 de diciembre del 2005 y que existiera relación laboral y mucho menos fuera permanente y de prestación discontinua; que haya sido despedido por MIGUEL MORALES HIJO en la fecha que indica ya que no existía relación laboral ni de ningún tipo con el actor; que existiera distracto posible entre las partes en fecha 29 de diciembre del 2005; que el actor no estuviera vinculado como asociado a una cooperativa de trabajo conforme ley 20.337 , menos que haya existido fraude laboral para finalmente rechazar la liquidación que formula.-

 

En los hechos, la demandada indica que MIGUEL MORALES es una empresa dedicada a la explotación agrícola en la amplia gama de cultivos y en consecuencia a la comercialización de los productos obtenidos.-

 

Para el desarrollo de la actividad, contrata con la Cooperativa Trabajo Agrícola e Industrial COLONIA BARRAQUERO LTDA., habilitada por el I.N.A.C. bajo el Nro. 21.271 con domicilio en calle Tucumán 185 de Godoy Cruz de Mendoza, la provisión de servicios cooperativos consistentes en administración general, dirección técnica y ejecución de los trabajos e Agroindustria y la vinculación se instrumenta mediante contratos de locación de servicios, por lo que la entidad emite las facturas respectivas.-

 

Pese la situación reseñada precedentemente, por pedido del actor se hace efectivo a fs. 52 el apercibimiento de fs. 47 y se tiene por desistida a la demandada de la citación a juicio de la Cooperativa de Trabajo Barraquero Ltda., por lo que el litigio queda concretado sólo contra MIGUEL MORALES E HIJOS S.H.no obstante interpone como defensa la falta de legitimación sustancial pasiva y activa como la falta de acción.-

 

Por ello, los accionados desconocen al actor, quien según dicen, ningún servicio les ha prestado, por lo que mal pueden revestir el carácter de empleadores en los términos del Art.26 de la LCT., siendo procedente por ello la falta de acción.-

 

En definitiva y por lo expuesto, el actor carece de acción para de-mandar a MIGUEL MORALES E HIJOS S.H. dado que nunca prestó servicios para ellos y ninguna relación de ninguna naturaleza los vinculó.-

 

Finalmente señala jurisprudencia, ofrece la prueba e invoca el derecho.-

 

La actora a fs. 55 cumplimenta la norma del art.47  del CPL.-

 

A fs. 61 se dicta el auto de admisión de las pruebas ofrecidas.-

 

A fs.122 se fija audiencia de vista de la causa la que se realiza según acta de fs. 149. Absuelve el actor y éste solicita se tengan por absueltas en rebeldía las posiciones del codemandado MIGUEL MORALES (padre) conforme pliego agregado a fs.10 vta. Declara el testigo DOMINGO FROILÁN TOBARES. Se incorpora la prueba instrumental y se renuncia a la prueba pendiente de producción incluida la testimonial faltante. Alegan las partes, actora y demandada y se llama autos para dictar sentencia, el que se suspende según decreto de fs.150 y nuevamente se llama autos para dictar sentencia a fs.167.-

 

CONSIDERANDO:

 

De conformidad con lo dispuesto en el art 69  del C. P. L. la Sala Nro.III del Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

 

I.- RELACION LABORAL.-

 

La situación fáctica básica, esencial y fundamentalmente controvertida, es la existencia de la relación laboral, la que expresamente ha sido negada por el demandado pretextando que el actor ha sido socio de la COOPERATIVA DE TRABAJO BARRAQUERO AGRÍCOLA INDUSTRIAL LIMITADA, en tal carácter de asociado percibe mes a mes las ganancias que la entidad produce y de la cual su establecimiento es ajena y que sólo los vincula con el actor una relación de naturaleza no laboral.-

 

El actor CEFERINO RAMÓN ANTONIO PEDERNERA denuncia que ingresa bajo relación de dependencia laboral en el mes de noviembre de 1990, dentro de la categoría de "obrero general de galpón" conforme el C.C.T. 320/99.-

 

El trabajador sin duda alguna y a todas luces, prestaba servicios en relación de dependencia de manera directa y única para MIGUEL MORALES E HIJOS S.H.propietarios del establecimiento dedicado a empaque de ajos y cebollas.-

 

El accionado pretexta en fraude a la ley, que el actor estaba asociado a la COOPERATIVA DE TRABAJO AGRÍCOLA DE TRABAJO COLONIA BARRAQUERO LIMITADA, involucrándola en la carta documento del día 29 de diciembre del 2005 y en la que niega la relación laboral que se invoca en la demanda, desplazando la responsabilidad contractual a la entidad cooperativa, para intentar apartar la regulación legal de la ley laboral y convencional del contrato de trabajo que los vincula y bajo dicho manto, violar las normas imperativas del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el único interés de liberarse como verdadero y único empleador-

 

Corresponde por ello al actor, probar que la relación socio-cooperativa de trabajo, no se encuentra excluida de la aplicación de la normativa del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero también resulta admisible producir "pruebas leviores", es decir pruebas que por las especiales circunstancias del caso deben ser reputadas eficientes por más que no lo serían en otros supuestos.-

 

La empleadora demandada MIGUEL MORALES E HIJOS S.H., en conocimiento transgresor de la normativa laboral, tras maniobra fraudulenta, incorpora al negocio, al actor en tareas propias de la actividad que se rige por la ley de contrato de trabajo y CCT. 320/99, sosteniendo erróneamente que el actor, se encuentra asociado a COOPERATIVA DE TRABAJO AGRICOLA e INDUSTRIAL COLONIA BARRAQUERO LIMITADA, con la sola finalidad de liberarse de la carga derivada de las obligaciones que se originan de l contrato de trabajo.-

 

En relación a la prueba producida, pese a ser de parte, el actor absolvió posiciones según pliego interrogatorio que obra a fs.45 y ampliación, donde responde que trabajó para los demandados reconociendo que también lo hizo para la Cooperativo de Trabajo Agrícola e Industrial Barraquero Limitada, entidad que le pagaba sin dejar de decir que cuando ingresa a trabajar para la demandada menor de edad teniendo a la fecha 31 años de edad.-

 

En relación a las posiciones en rebeldía de la demandada según pliego interrogatorio de fs. 10 y vta., contestó afirmativamente que tanto Miguel Morales padre como Daniel Morales integran la sociedad de hecho MIGUEL MORALES e HIJOS, reconociendo que se dedican al empaque de ajos y cebollas como otras actividades y que se ubican en Rodeo del Medio del Departamento de Maipú de Mendoza.-

 

El único testigo, DOMINGO FROILÁN TOBARES, dijo que al actor lo conoció desde 1995, que trabajaron en los ajos por temporada (noviembre a marzo) para Miguel Morales padre, época en que sus hijos eran menores, y que solo él impartía las instrucciones de las tareas que realizaban los empleados en el galpón de empaque de ajos como también que era la persona que pagaba los salarios semanalmente con la colaboración del cuadrillero conocido como Cacho Godoy, que se encargaba de buscar la gente y efectuar el traslado a la finca, luego se asocian los hijos comercialmente y constituyen la sociedad MIGUEL MORALES E HIJOS S.H.; el testigo dice que trabajan hasta el año 2005 en que no se los convoca para la temporada y agrega que desde el año 2002 interviene la Cooperativa Barraquero que es quien comienza a pagar las remuneraciones sin tener conocimiento alguno que fueran asociados a la misma ya que sólo trabajaban y dependían de Morales realizando las tareas en la finca de su propiedad donde existía un cartel MIGUEL MORALES E HIJOS.-

 

La declaración de TOBARES, y por su propia hiposuficiencia, la misma sin resultar clara, agrega a este Juzgador determinados elementos que sirven para meritar los hechos expuestos por el actor en su demanda, especialmente las tareas, lugar y extensión de la relación laboral.-

 

De la prueba producida, instrumentales incorporadas como la testimonial, me lleva a la íntima convicción que la vinculación entre el actor y la Cooperativa de Trabajo Barraquero, con la cual la demandada pretende vincular al actor, no constituyó una verdadera relación asociativa regida por la ley 20.337, excluyente de la normativa laboral, sino que dicha relación en el caso traído a examen ha sido una verdadera pantalla para encubrir la existencia de un contrato de trabajo.-

 

Si bien en principio la vinculación entre las cooperativas y sus asociados es de naturaleza societaria y será por cuenta del interesado demostrar que la entidad ha incurrido en actos fraudulentos en desmedro del orden público laboral, no se puede negar -como dice Valentín Rubio- que ".las cooperativas de trabajo se prestan admirablemente para vehiculizar maniobras fraudulentas y que, cuando se verifica esa situación, el acto asociativo debe caer, las relaciones jurídicas anudadas en su torno serán calificadas conforme con su verdadera naturaleza, y los autores del fraude deben ser responsabilizados por los daños que del ilícito hayan resultado para terceros, entre los que estarían los pretendidos socios" (aut. cit."Derecho Laboral" T.I., pág.61).-

 

Asimismo, como lo destaca el mismo autor citado, con la finalidad de evitar los abusos, más adelante, se dictó el Decreto nro.2015/94 que impide el funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo que para el cumplimiento de su objeto prevean la contratación de los servicios cooperativos para terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados en tareas específicas del objeto social de aquéllas, en el caso, el demandado MIGUEL MORALES E HIJOS S.H.-

 

"Las personas enviadas por una cooperativa de trabajo a prestar servicios para terceros se encuentran ligadas a ésta por una relación de tipo laboral (art. 27 , LCT) y no pueden ser consideradas socias.Se trata de una formalidad sin contenido real, puesto que no realizan aporte alguno a la cooperativa, sino que lo hacen para otra persona física o jurídica, y como contraprestación reciben un pago de carácter salarial por la realización de tareas como trabajador, pero no en carácter de socio"

 

La finalidad del cooperativismo es que sean los propios trabajadores asociados quienes se hagan cargo de la empresa cooperativa y compartan los beneficios asumiendo el riesgo empresario, excluyéndose de esta figura el supuesto de provisión de personal a terceras empresas.-

 

Así, se ha dicho: "Si el miembro de una cooperativa de trabajo no realiza su aporte al grupo sino a un tercero que lo utiliza en la elaboración de un bien o servicio que éste transfiere a otro que lo adquiere, es evidente que, en este proceso, la tarea realizada por el socio de la cooperativa no se integra al bien o servicio que ésta produce, que se limita a brindar el servicio de un trabajador (que aparece simuladamente como socio) a un tercero, por lo que éste es su empleador. Por ello, las cooperativas de trabajo no pueden actuar como colocadoras de personal en establecimientos de terceros, pues ésa es una forma de alterar toda la estructura de la ley laboral, so pretexto de la existencia.-.

 

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene resuelto: "Concurre un típico caso de fraude laboral, cuando se intenta hacer valer entre las partes un contrato de índole civil sólo aparente que no se compadece con la verdadera naturaleza -inobjetablemente laboral- de la prestación que estaba destinado a regular (art. 14 LCT.). El acto fraudulento al que alude el art. 14(refLEG801.14) LCT. no requiere para su concreción la concurrencia de la voluntad viciada del trabajador. Se trata, objetivamente, del intento fraudulento de eludir las normas imperativas del orden público laboral". (Sup. Corte Bs. As., L. 66847, 4/11/1997, voto del Dr.Negri, DJBA 154-135).-

 

Es función de la justicia descubrir la verdad, más allá de lo que las partes pudieron haber consignado en pretendidos contratos no laborales. La cuestión, en palabras del recordado maestro Enrique Fernández Gianotti, es descubrir la verdad verdadera. "Por ende en autos corresponde hacer prevalecer la realidad sobre las formas".

 

La jurisprudencia tiene reiteradamente resuelto que no es indispensable la demostración de la causa simulando, pero cuando ésta puede develarse o conjeturarse fácilmente, constituye un valioso elemento de juicio a tener en cuenta como corroborante de la existencia de una simulación. "La admisión de la acción de simulación no exige una prueba directa e irrebatible porque esto es imposible cuando es ejercida por un tercero, pero sí la concurrencia de un conjunto de indicios y presunciones lo suficientemente graves y concordantes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que se está ante un acto simulado, con el propósito de engañar, y crear una falsa apariencia.-

 

También tribunales nacionales y de provincias se han manifestado en sentido similar. Así, en autos "Escobar, Juan C. v. Coop. de Trabajo Horizonte Ltda. y O. s/despido", 29/5/2003, de la C. Nac. Trab., sala 6ª (voto del Dr. Capón Filas): "Cuando una cooperativa de trabajo presta servicios en terceras empresas y no en sus propias estructuras se comporta como una empresa capitalista que brinda trabajadores a terceros integrando el ritmo de producción ajeno. De ahí que objetivamente se manifiesta una situación de fraude ocultando la relación laboral a través del disfraz cooperativo en términos normativos aparentando normas contractuales no laborales (art. 14 RCT.).-

 

"Las cooperativas de trabajo, no pueden actuar como colocadoras de personal en terceros establecimientos, pues ésa sería una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y privar de la tutela respectiva al personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos y, en tal caso, se torna aplicable lo dispuesto por el art.29  LCT.; por lo demás, resulta insuficiente para considerar que medió una relación asociativa la simple suscripción de una solicitud de ingreso o la percepción de sumas bajo la denominación de `anticipo de retornos pues en la demanda se alegó que se recurría fraudulentamente a la figura de la cooperativa de trabajo para encubrir una relación laboral subordinada" (C. Nac. Trab., sala 1ª, 30/11/1999, "González, Horacio v. Sila Coop. de Trabajo Ltda. y otros", DT 2000-A-880).-

 

En autos "Ocampo, Rubén v. Airsec S.A. y otra s/despido", del Juzg. Nac. Trab. n. 33 (voto del Dr. Héctor Guisado), se sentenció: La provisión de personal por parte de cooperativas de trabajo a terceros es el caso más común de fraude que se puede enmascarar bajo la forma de "cooperativas de trabajo". (Con nota de Mariano H. Mark).-

 

La CNTrab, Sala VI, con el voto del Dr. J.C.Fernández Madrid, tiene dicho que ".los miembros de una cooperativa no pueden ser colocados como mano de obra para terceros porque en ese caso pasan a tener relación dependiente con todas sus características propias. En otros términos, la cooperativa no es una empresa de servicios eventuales, actividad que les está vedada (res.2015/94 INAC)" (D.T.1998-A-718).-

 

El mismo autor J. C. Fernández Madrid, recuerda que el trabajo prestado por integrantes de una sociedad a otra es la forma más común a maniobras fraudulentas, pues cuando se trata en realidad del trabajo personal encubierto bajo una forma societaria, se elimina la envoltura y se descubre la relación real. Lo más común es que se trate de un trabajador que antes perteneció a la empresa y cambia la forma aparente de su relación jurídica de manera que cuando nos enfrentamos a una interposición fraudulenta de personas, la razón jurídica que subyace en el art.29 de la L.C.T.se advierte claramente, pues eliminando el intermediario surge una relación contractual di recta entre el empresario principal y los trabajadores (aut.cit.Trat.pág.554).-

 

En el orden local, encontramos numerosos fallos tanto de primera instancia como de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.-

 

El art. 14 de la L.C.T. dispone: "Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso la relación quedará regida por esta ley."

 

Todo fraude participa de los siguientes elementos: a) Un negocio jurídico formalmente lícito, al amparo de una norma de cobertura.; b) Existencia de una ley imperativa que veda un resultado análogo: es preciso que el acto persiga la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por la ley imperativa.-; c) Intención de defraudar la ley imperativa: bastando con la vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa sin necesidad de un elemento subjetivo no siendo necesario la existencia de acuerdo fraudulento entre las partes, ya que el motivo puede ser individual e incluso una de las partes puede ser la víctima del negocio jurídico.-

 

En el ámbito del Derecho del Trabajo la existencia de un importante plexo normativo cuyo contenido está formado por disposiciones de orden público, origina derechos y obligaciones de cumplimiento insoslayable para las partes en el contrato. El interés del empleador de evadir sus responsabilidades tanto de orden laboral como las previstas en las leyes de seguridad social da a menudo origen a actos y negocios simulados o a conductas fraudulentas.-

 

Ambas conductas han sido prevista en la norma del art. 14 de la L.C.T, la consecuencia en ambos casos es la misma:la nulidad del contrato y la reposición del marco imperativo y contractual violado.-

 

Encontramos recientemente, una postura de la jurisprudencia, que manifiesta la existencia del fraude por la mera adhesión del trabajador a la cooperativa, y dentro del marco legal al que hiciéramos referencia en el punto anterior. La Suprema Corte de Nuestra Provincia tiene dicho: Contrato Del Trabajo Cooperativas Colocadoras De Asociados Normas Laborales Violación. Las cooperativas no están autorizadas a funcionar como colocadoras de asociados en terceras personas, conforme lo dispuesto por el art.1º del Dec. 2015/94 y la Res. 1510/94 del INAC, ya que es una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y privar de tutela personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa, en la que prestan las tareas. Cuando una cooperativa de trabajo presta servicios en otras empresas y no en sus propias estructuras, se comporta como una empresa más que brinda trabajadores a terceros integrando el ritmo de producción ajeno. Objetivamente se manifiesta una situación de fraude, ocultando la relación laboral a través del disfraz cooperativo, o en términos normativos "aparentando normas contractuales no laborales" (art.14 L.C.T.). Expediente: 72825, Carátula: MEDIESTE S.A. EN J. SOSA ELIA H. / MEDIESTE S.A. Y OT., Fecha: 12/12/2002, Tipo: Sentencia, Tribunal: Suprema Corte De Justicia, Ubicación: S316-174, Fichero: 32-C, Materia: Laboral, Magistrados:Nanclares Böhm Salvini".-

 

La testimonial, y a mérito de que ninguna declaración ha sido tachada ni observada, sus dichos coinciden con los hechos relatados por la actora en su escrito de demanda, en el presente caso, no es legítimo el otorgamiento unilateral del carácter de asociado por parte de la empresa, no existiendo prueba alguna que acredite actos cooperativos por parte del actor, sólo recibos emitidos por la entidad cooperativa a la demandada por conceptos de retribución por servicios prestados por sus asociados y comprobantes de pago, sin que los mismos acrediten de modo alguno validez legal y formal alguna.-

 

Todos los elementos descriptos manifiestan una situación de fraude, donde la ley de cobertura es la relativa a las relaciones cooperativistas, y la ley defraudada no es otra que la ley laboral.-

 

La relación entonces, del actor, debe considerarse configurada directamente con MIGUEL MORALES MARTÍNEZ, MIGUEL MORALES AMAR y DANIEL MORALES, constituyendo todos la sociedad comercial de hecho MIGUEL MORALES E HIJOS S.H a partir de una interposición de persona, la COOPERATIVA DE TRABAJO AGRICOLA E INDUSTRIAL COLONIA BARRAQUERO LIMITADA, debiendo considerarse que estamos frente un típico contrato de trabajo, siendo responsables por el mismo ambos partícipes del fraude.-

 

Todo lo expuesto, me lleva a la conclusión que entre las partes existió un contrato de trabajo subordinado, entre el actor CEFERINO RAMÓN ANTONIO PEDERNERA y los demandados desde noviembre de 1990 hasta el día 13 de diciembre del 2005, lapso durante el cual se desempeñó como "obrero general de galpón 3ra. categoría" de temporada", acreditado por la merituación efectuada ut. supra de los elementos traídos a examen y la escasa actividad probatoria del demandado al atribuirle la calidad de asociado de la Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Limitada, por lo que la relación entre las partes está regida por la Ley 20744 /21297 /25877  y convenio que rige la actividad (C.C.T.320/99).-

 

II.- EL DISTRACTO y RUBROS RECLAMADOS.-

 

El actor CEFERINO RAMÓN ANTONIO PEDERNERA reclama en este proceso, el pago de la suma de $ 29.314,82 en concepto de rubros indemnizatorios por despido, preaviso, integración, sac, vacaciones, diferencias salariales, Arts. 1 y 2  Ley 25323, Art. 4  ley 25972 y Art. 45  ley 25345, que formula en la liquidación del escrito de la demanda y funda su pretensión en el despido indirecto que invoca.-

 

El accionado resiste la demanda y solicita su rechazo, sosteniendo la inexistencia de la relación laboral.-

 

Corresponde por tanto analizar la forma en que se produjo el distracto.-

 

En el despido indirecto deberá demostrarse la existencia o no de justa causa para la extinción de la relación laboral. El art.242  LCT concede a las partes la facultad de denunciar el contrato fundado en justa causa en caso de inobservancia de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación laboral.

 

En el presente caso es el trabajador, quien en ejercicio del "pacto comisorio" que lleva implícito el contrato, se ha colocado en situación de despido indirecto. Por lo que toca analizar la existencia o no de la injuria invocada.-

 

La doctrina tiene dicho: "Adviértase que el denominado despido indirecto, corresponde en sus consecuencias a un despido sin causa por parte del empleador. Pero en los hechos que lo sustentan es diametralmente opuesto, ya que aquí debe haber "causa" para la ruptura si se pretende que esta genera las indemnizaciones correspondientes al despido incausado.La justa causa alegada por el trabajador debe entonces ajustarse a las pautas del primer párrafo del art.242 LCT y su valoración hecha prudencialmente por los jueces.con sujeción a las cargas impuestas por el art.243  LCT". (Meilij Gustavo, Contrato de Trabajo, Depalma, Bs.As., l981, T.II, pg.597).-

 

Según la documental postal que se agrega a fs.156 de los autos, el actor emplazó por telegrama de fecha 21 de diciembre del 2005 a los demandados con el siguiente texto "le emplazo a MIGUEL MORALES e HIJOS y/o MIGUEL MORALES (PADRE) y/o Miguel Morales (hijo), bajo los siguientes términos: "... Atento vínculo laboral que nos une desde noviembre de 1990, en mi actividad de OBRERO GENERAL DE GALPON DE EMPAQUE DE AJO Y CEBOLLA y siendo que he trabajado hasta el día martes 13 de diciembre del 2005, fecha en que fui despedido verbalmente por el señor MIGUEL MORALES conjuntamente con otros trabajadores, razón por lo que me he visto impedido de prestar labores normales y habituales como en mis anteriores temporadas, por lo que le emplazo en el término de 48 hs. a aclarar situación laboral ratificando o rectificando su despido, bajo apercibimiento de considerarme despedido e injuriado por su exclusiva culpa y responsabilidad. Le emplazo en el término de 48 hs. a abonar: asignaciones no remunerativas y familiares por un hijo, desde enero 04 a febrero 04, desde noviembre 04 a febrero 05 y noviembre 05; diferencias salariales no habiendo percibido las remuneraciones acorde a las escalas vigentes por los periodos desde enero 04 a febrero 04, desde noviembre 04 a febrero 05 y noviembre 05".-

 

En respuesta, la demandada remite al actor carta documento de fecha 29 de diciembre del 2005 que dice: "Rechazo TCL.65266556 (C.D.75978289 3) de fecha veintiuno de diciembre del corriente por improcedente y falaz. NIEGO VINCULO LABORAL ALGUNO, y mucho más categoría profesional y fecha de ingreso aducida en su misiva. Niego "presunto despido verbal" como así también adeudar suma alguna de dinero por algún concepto. Por averiguaciones realizadas, Ud.es asociado de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda., donde ha prestado servicios, entidad a la que deberá dirigir sus reclamos. Por ello deberá abstenerse de realizar reclamos infundados, que de persistir y atento a lo informado, configurarán su conducta en ilícito penal (art.168 CPP.) reservando derecho de denunciar ante las autoridades competentes".-

 

En la misma fecha, 29 de diciembre del 2005, ante la expresa negativa de la relación laboral por parte de la demandada según carta documento ut.supra indicada, el actor remite el telegrama que textualmente expresa: "Le emplazo a MIGUEL MORALES e HIJOS S.A. y/o MIGUEL MORALES (PADRE) y/o MIGUEL MORALES (hijo) en los siguientes términos: Rechazo su carta documento, por absolutamente improcedente, falaz y maliciosa, carente de realidad fáctica y jurídica, ud. fraguando la ley laboral. Su contestación me injuria gravemente, razón por lo que ratificando mi anterior despacho telegráfico es que su contes tación me injuria grave-mente razón por lo que me considero despedido e injuriado por exclusiva culpa de uds. (responsabilidad patronal). Le emplazo 48 hs. a abonar indemnización, preaviso, integración mes despido y demás rubros no retenibles (por cada temporada de 6 a 8 meses de trabajo) y retenibles adeudados e indemnizatorios, art.4 de la ley 25.972 bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.2 de la ley 25.323. Le emplazo en el término de 30 días a efectuar entrega de certificación de servicios y remuneraciones, por todo el tiempo laborado con mi real remuneración y categoría profesional de OBRERO GENERAL DE GALPON DE EMPAQUE DE AJOS Y CEBOLLAS, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.45 de la ley 25.345".-

 

Tal negativa expresada por la empleadora demandada respecto de la existencia de la relación laboral, por sí solos constituyen injuria de entidad suficiente que impide la continuación de la relación laboral, por cuanto al trabajador le asiste el derecho a que se lo registre laboralmente (arts.52 , 78  y 63  LCT).-

 

Requisitos formales: La actora ha dado cumplimiento a las exigencias formales del distracto, tales como comunicación por escrito, ya que lo hicieron por cartas documentos y telegramas, con expresión suficiente de la causa conforme el texto del referido despacho y en juicio no modificó la causal del despido invocada (art.243 LCT).-

 

Por tanto entiendo que los requisitos formales y sustanciales se encuentran cumplidos, por lo que arribo a la conclusión que se ha configurado el despido indirecto. En consecuencia, y conforme lo dispone el art. 246  LCT, proceden las indemnizaciones previstas en la normativa vigente de los arts. 245, 231, y 233  de la ley 20744 y sus modificatorias de la ley 25877.-

 

PROCEDENCIA DE LOS RUBROS RECLAMADOS:

 

Al promover la demanda, la actora formula la liquidación en base al salario que le corresponde por aplicación del C.C.T. de la actividad que para el caso no es otro que el que surge en cabeza de la formulación de la liquidación de la demanda (fs. 09 y vta.) para la categoría profesional del actor, correspondiendo una remuneración de $ 797,50 y ante la falta de registraciones por parte de la demandada, como la falta de elementos probatorios, este Juzgador toma el sueldo indicado ut.supra para realizar los cálculos indemnizatorios y demás rubros laborales reclamados (art.55 CPL y 55 LCT).-

 

En consecuencia la liquidación se ajusta a la efectuada por el actor en el escrito de la demanda de fs.07/11 de los autos, la que considero ajustada a la ley de contrato de trabajo 20744 y su modificatoria ley 25877 y el C.C.T.320/09.-

 

En cuanto a los rubros no retenibles que se reclaman por el actor en la demanda, se trata de contraprestaciones que la ley pone a cargo del empleador por la simple prestación de servicios o por el hecho de haber puesto el trabajador su fuerza laboral a disposición de aquél (art.103 L.C.T.), al tiempo de la rescisión y cualquiera fuese la causa por su lado, se ajusta a lo dispuesto por los arts.123  y 156  de la L.C.T.-

 

No habiendo el empleador acreditado su pago (arts.59 , 138, 139 , 142  y conc. L.C.T.) se debe hacerse lugar a estos reclamos, máxime en el presente caso, que se ha demostrado que al no tener registros laborales, bonos de sueldos, desde la fecha real de ingreso del actor noviembre de 1990 hasta producido el distracto 29 de diciembre del 2005 permiten tener por cierta, igualmente, la falta de pago de los conceptos denunciados.-

 

También corresponde el pago de la multa sancionatoria del art. 2 de la Ley 25323, ya que el actor ante los requerimientos formales que le efectuara a la demandada sin obtener respuesta alguna originó que iniciara la acción judicial correspondiente.-

 

La Ley 25323 en su art.2 expresa: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7°  de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.-

 

También procede el pago de la multa prevista en el Art.1 de la Ley 25323, ya que la demandada incumplió la obligación de registrar laboralmente al actor según constancias de autos.-

 

Surge el derecho de la multa indemnizatoria del art.16 de la ley 25.561, prorrogado por el Art. 4 de la Ley 25.972 contra el despido arbitrario, ya sea en forma directa o indirecta o auto despido, la que a la fecha del distracto, 21 de noviembre de 2.005 correspondía por la ley la sanción indemnizatoria del 50%.)

 

Procede la asignación remunerativa en tanto y en cuanto son parte integrante de la remuneración legal y convencional que la comprende.-

 

En cuanto a la asignación familiar, la misma es justificada por haber acompañado en legal forma el certificado partida de nacimiento, según fs. 161, por lo que resulta procedente el reclamo.

 

En síntesis, los rubros reclamados en la demanda resultan procedentes a tenor de la normativa señalada en cada caso y la falta de acreditación de su pago en legal forma (arts. 138, 142 y conc. L.C.T.).-

 

Los montos por los que cada rubro prospera deben ajustarse a la liquidación efectuada en escrito inicial de la demanda de fs. 09 y vta., a la cual este Juzgador adhiere en su totalidad, que se efectúa a partir de la remuneración mensual de $ 797,50 que se ajusta a la categoría profesional y a escala salarial del convenio colectivo de la actividad.-

 

Por lo que la demanda prospera por los siguientes rubros y montos: 1) indemnización por antigüedad, art. 245 LCT, por $5.582,50; 2) indemnización sustitutiva de preaviso, art. 231 LCT por $1.595,00; 3) integración mes de despido por $652,50; 4) indemnización art. 1 Ley 25.323 por $5.582,50; 5) indemnización art. 4 Ley 25.972 por $7.177,50; 6) incremento art. 2 Ley 25.323 por $3.915,00; 7) indemnización art.45 Ley 25.345 por $2.392,50; 8) asignación no remunerativa decreto 1.347 por $352; 9) Asignación no remunerativa decreto 2005, por $176; 10) diferencia de sueldo, por $776,32; 11) vacaciones proporcionales no liquidadas temporada 2004/2005, por $97,94; 12) vacaciones proporcionales no liquidadas temporada 2005/2006, por $50,75; 13) SAC proporcional no liquidado temporada 2005/2006, por $91,41; 14) SAC proporcional no liquidado temporada 2005/2006, por $132,91; 15) asignación familiar por un hijo por 12 meses por $60, $720,00, lo que hace un total de condena de $29.314,82.-

 

En definitiva la demanda prospera por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($29.314,82) sólo en contra de la demandada MIGUEL MORALES S.H., MIGUEL MORALES MARTÍNEZ, MIGUEL MORALES AMAR y DANIEL MORALES como únicos responsables solidarios, ya que la citada a juicio Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Limitada no fue notificada de la demanda originando el apercibimiento decretado a fs. 52 de los autos.-

 

III.- INTERESES Y COSTAS.-

 

En cuanto a los intereses, de acuerdo a lo establecido por la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el fallo plenario dictado el 12/09/05 en los Autos N° 80.131 caratulados " Amaya, Osvaldo Dolores en J: 11.075 Amaya Osvaldo Dolores c/ Boglioli Mario p/ Despido s/ Inc. Cas." corresponde aplicar desde que cada monto es debido, el interés legal equivalente a la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina, desde que cada rubro debió ser abonado hasta el día de su efectivo pago.-

 

Las costas y honorarios profesionales por lo que prospera la demanda serán a cargo exclusivo de la demandada vencida. (Arts.31  C.P.L. y 36  C.P.C.).-

 

Se pasa a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.-

 

MENDOZA, 26 de marzo del 2013.-

 

Por lo expuesto y normas legales citadas, la Sala Nro.III del Tribunal,

 

RESUELVE:

 

I.- Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar solidariamente a MIGUEL MORALES S.H., MIGUEL MORALES MARTÍNEZ, MIGUEL MORALES AMAR y DANIEL MORALES a pagar al actor CEFERINO RAMÓN ANTONIO PEDERNERA en el plazo de cinco días de quedar firme la presente la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($29.314,82) por los rubros y montos que se determinan al tratar la segunda cuestión de la presente sentencia, a la que deberá adicionarse los intereses conforme lo resuelto en la tercera cuestión, con costas a cargo de la demandada.-

 

II.- Las costas y honorarios profesionales a cargo exclusivo de la demandada vencida (art.31 del C. P. L. y art.36 del C.P.C.).-

 

III.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales para cuando se practique la liquidación definitiva por Contaduría de Cámara, debiendo los profesionales denunciar la categoría que revisten frente al IVA y su nro. de CUIT.-

 

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE, hágase saber a Caja Forense, Dirección General de Rentas, Colegio de Abogados.

 

Antonio Sánchez Rey, Juez de Cámara.

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