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Abogados Laboral Mar del Plata Despidos Indemnizaciones Trabajo en Negro
ESTUDIO JURIDICO TRASSENS 0223-4751085/ 0223-155458788 CONSULTAS POR MAIL A: trassens.doc@hotmail.com SANTIAGO DEL ESTERO 2151 CON CITA PREVIA SOLAMENTE

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30 de Marzo, 2013 · ABOGADOS LABORAL MAR DEL PLATA

ABOGADOS MAR DEL PLATA LABORAL ESTUDIO JURÍDICO TRASSENS 0223-4751085 / 155458788 - DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. ACUERDOS ENTRE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL TRABAJADOR Y LA EMPLEADORA.

  • DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. ACUERDOS ENTRE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL TRABAJADOR Y LA EMPLEADORA. Acuerdos que carecen de validez, en cuanto afectan intereses individuales del trabajador. Orden público laboral. INTERMEDIACIÓN LABORAL. Empresa de servicios eventuales. Interposición fraudulenta. Ausencia de acreditación de la eventualidad de las tareas. Art. 29 de la LCT. Extensión de la condena solidaria entre ambas codemandadas. Doctrina del Plenario Vásquez de la CSJN
  • 26/02/2013 Fabro Rodrigo Daniel c/ SIAT S.A. y otro s/ despido
  • CNTRAB SALA V
  • EL DIAL EXPRESS 27-03-2013

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de FEBRERO de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente;; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

 

I)) La sentencia definitiva de fs. 439/47, recibe apelación de la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 449/51 vta.; y de la codemandada Siat S.A. a fs. 459/67 vta. La representación letrada del actor cuestiona a fs. 448 por bajos sus honorarios, mientras que la perito contadora a fs. 457 hace lo propio por los suyos. La demandada apelante contesta agravios a fs. 472/74 vta., y el actor lo hace también a fs. 476/80 vta.//-

 

II) He de comenzar por razones de mejor método, por analizar la queja de la co-accionada.-

Cuestiona en primer término que se considere a su parte como la real empleadora del actor y que se interpuso fraudulentamente a Le Suivant SRL. Afirma que esta última es una empresa de servicios eventuales que provee personal a tales efectos y que por dicha razón su parte contrató con dicha firma que no es una agencia de selección de personal, ni una agencia de colocación de personal y que en virtud de lo previsto por el art. 29 tercer párrafo de la LCT los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente son considerados en relación de dependencia con aquéllas y se contemplan tan solo dos supuestos bien diferenciados: a) si el tercero no () constituye una empresa de servicios eventuales, los trabajadores son considerados como "?empleados directos de quien utilice su prestación"; b) por el contrario, si los trabajadores fuesen contratados por una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente "?serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas", siendo este último supuesto el que -a criterio de la quejosa- debiera ser aplicado en este caso.-

Señala que sólo en el caso de acreditarse que las tareas que cumplían esos empleados eventuales no se correspondían efectivamente a una necesidad de esas características, la consecuencia es que desaparece la figura de excepción y renace la figura del contrato por tiempo indeterminado y en consecuencia pasa a ser el real empleador la empresa requirente y debiera abonar la indemnización correspondiente en caso de considerarse despedido el trabajador, pero en estos actuados quedó acreditado que fue la empresa de servicios eventuales la que le abonó la indemnización al actor por lo que el vínculo laboral estaba terminado y no puede considerarse en consecuencia que aquél renació o era otro con su parte.-

Seguidamente objeta el progreso de los rubros arts. 8 y 15 de la ley 24013 pues señala que el actor no cumplió con lo previsto por el art. 11 de dicho cuerpo normativo en cuanto cumplir con la intimación vigente el vínculo laboral así como tampoco haber notificado a la AFIP remitiendo copia del requerimiento precitado.-

Se opone también al cálculo de la multa con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323, pues considera que en su caso debiera prosperar tan solo por la diferencia indemnizatoria -en caso de existir- toda vez que la coaccionada Le Suivant ya le abonó al actor la suma de $28.230,80.-

Le causa agravio a su vez la condena con fundamento en la ley 25345 y a tener que hacer entrega de los certificados previstos por el art. 80 LCT.-

Finalmente, aduce la existencia de un error aritmético en el considerando III, toda vez que se informa un subtotal de $105.088,78 cuando en realidad al sumarse todos los rubros se obtiene la suma de $102.088,78 por lo que efectuado el descuento del monto ya abonado se arriba a una condena de $73.857,98.-

En cuanto al primero de los agravios, considero que no le asiste razón a la quejosa, pues tal como lo destacó la Sra. juez de grado no se encuentra controvertido en autos que el actor fue contratado por la empresa Le Suivant SRL (prestadora de servicios eventuales) y asignado a la demandada Siat S.A. el día 27/11/2006 como personal eventual para prestar tareas de oficial maquinista, ante tareas eventuales motivadas en "necesidades extraordinarias, transitorias, accidentales" (v. responde de Siat S.A. a fs. 73 vta.), vínculo éste que se extendió hasta el 13/01/2010, es decir por un lapso superior a los tres años.-

Y lo cierto es que la empresa metalúrgica accionada no pudo acreditar la eventualidad de las tareas para las que fue contratado el accionante, por lo que efectivamente debe interpretarse al vínculo laboral habido como por tiempo indeterminado, amén de resultar inatendible por sí solo el fundamento de la tesis de la accionada ante el prolongado lapso en que se pretende otorgarle el carácter de "eventuales" a las tareas por aquél cumplidas, en clara violación de lo dispuesto por el art. 7º del Dto. 1694/06, por lo que resulta acertada la conclusión a la que se arriba en la sede anterior en cuanto a que Siat S.A. fue la real empleadora del Sr. Fabro, obrando la empresa de servicios eventuales como una interposición fraudulenta, por lo que el caso se ajusta a lo dispuesto por el art. 29 y el art. 14 del RCT, por lo que ante el reclamo del actor a efectos del reconocimiento del real registro laboral como empleado de planta de Siat S.A., el despido dispuesto por Le Suivant SRL carece de efecto legal, tornándose procedente en cambio -ante la negativa de Siat S.A. a los reclamos del actor- la denuncia del vínculo efectuada por este último, por lo que debe prosperar la acción -en forma solidaria- contra ambas coaccionadas, debiéndose claro está descontar la suma que a su hora le fue abonada por la empresa de servicios eventuales tal como se dispuso en la sede anterior.-

En cuanto a lo alegado por la quejosa acerca de la existencia de acuerdos entre la representación sindical del actor y la empresa accionada, debe destacarse que carecen de virtualidad en cuanto afectan un interés individual del trabajador y en tanto contradicen el orden público laboral, por lo que resultan nulos e inoponibles a éste. En este sentido, considero necesario recordar que:

 

1. Interés colectivo e interés individual:

El análisis de la historia de las normas de derecho del trabajo suele iniciarse con el estudio de las iniciativas legales propias del derecho del trabajo. Este tipo de análisis presupone olvidar que las relaciones laborales fueron reguladas en primer término por las normas individuales del contrato de trabajo, entonces enmarcado en el contrato de locación de servicios o locación de obra.-

La carencia de normas adecuadas permitían desenvolver sin freno los poderes empresarios. Como consecuencia de esta falta de límites al poder, los trabajadores, objeto del poder, empezaron a desarrollar su conciencia de clase que, obviamente no surge de los libros (que aún no existían) sino de la acción. Dentro de los estrechos marcos de resistencia que permitía el sistema, los trabajadores encontraron a través de la huelga el camino para negociar condiciones colectivas de trabajo.-

Estas condiciones colectivas de trabajo operaban en el marco del contrato, mediante el cual el patrón se obligaba en un contrato general a contratar trabajadores de acuerdo a las condiciones que el contrato marco establecía. Si bien es cierto que la ruptura del contrato marco no era en general perseguida judicialmente sino a través de considerar rota la cláusula implícita de paz social, no lo es menos que el establecimiento de las condiciones colectivas denotaba a un tiempo la eficacia de un contrapoder (protosindical) y la conciencia de un derecho adquirido a través del reconocimiento del empleador.-

Este reconocimiento es el que justificó que en algunos países, como por ejemplo Inglaterra, se desarrollara la labor policial de la Inspección del Trabajo y la aceptación de "standards" mínimos impuestos por el Estado. La actividad del Estado viene entonces después y como consecuencia de la lucha de los trabajadores, como un medio para la adquisición de la paz social.-

Aún dentro de estos esquemas mínimos de protección, resulta evidente el triunfo ideológico de la clase trabajadora que pone en la conciencia de la sociedad la idea de la necesidad de una regulación específica. Este triunfo permitió la quiebra de la legislación represiva que, so color de resguardar la libertad, impedía la acción del contrapoder. La derogación de las leyes dictadas a emulación de la francesa "Le Chapelier", implica el reconocimiento, dentro del ámbito del derecho positivo, de los convenios colectivos de trabajo que se tornan así exigibles.-

En esta inteligencia, los contratos celebrados entre los trabajadores y los empleadores son exigibles por el sólo hecho de su celebración conforme a la normativa de la generalidad de los Códigos Civiles que permiten admitir, sin necesidad de norma alguna específica, la fuerza vinculante de los mismos.-

En tal sentido, las cláusulas del contrato colectivo no realizan una estipulación en favor de terceros conforme es regulado por los arts. 1161 y 1162 del Código Civil, ya que el sindicato o grupo de trabajadores que establece el acuerdo colectivo carece de posibilidades de representar individualmente a los trabajadores sin un acto expreso de representación, sino que establece las condiciones que han de regir imperativamente las concretas relaciones de trabajo.-

No se trata de una estipulación en favor de terceros por cuanto el trabajador individual no está condicionado por la voluntad del sindicato que no lo representaba (ni entonces ni ahora) en el sentido del mandato de derecho civil, sino que condiciona la oferta en el supuesto de nuevas relaciones de trabajo o modifica las cláusulas en las relaciones ya constituídas.-

Mediante este tipo de contratos el empleador signatario limita el ámbito lícito de contratación en los respectivos contratos individuales de trabajo.-

El convenio colectivo obliga al empleador respecto de las condiciones de trabajo mínimas que deben regular la relación pero no suplanta la voluntad del trabajador a menos que éste expresamente hubiera otorgado mandato a favor de la organización sindical.-

El reconocimiento del sindicato como gestor del interés colectivo, realizado en la legislación posterior, en momento alguno admite la representación del interés individual. Es que el mandato sindical se asimila al mandato político y no al mandato del derecho civil. El sindicato es, entonces, la organización estable destinada a producir la gestión del interés colectivo pero ello en modo alguno puede significar el desconocimiento de otras formas de organización (comités de huelga, etc.) que actúen coetáneamente.-

Es importante destacar aquí la importante vinculación existente entre las tres instituciones del derecho colectivo del trabajo y la influencia recíproca que en los efectos de su actividad tienen unas frente a otras.-

En la primera etapa histórica, en la que la huelga se encontraba prohibida, la negociación colectiva no puede ser reconocida por el derecho ya que la huelga manifestada por su concreción o amenaza, aparecería entonces como una limitación a la libertad contractual del empresario, en la medida que el daño es consustancial a la idea misma de huelga. Sin nocividad no hay huelga y el convenio colectivo sólo puede ser impuesto al empleador mediante la amenaza o concreción de las medidas de fuerza.-

Tolerada la huelga, el Convenio Colectivo de Trabajo ya tiene virtualidad jurídica en la medida que el acuerdo marco (Convenio Colectivo) actúa como factor de limitación de la oferta posible de condiciones individuales de trabajo que realiza el empleador y, en la medida que se incumpla, es posible la ejecución de las condiciones en él pactadas de conformidad a lo normado por el art. 505 del Código Civil.-

Es en el marco del derecho del trabajo entonces donde con mayor intensidad y primariamente aparece la idea de red contractual. El contrato colectivo establece el marco de licitud del objeto y contenidos del contrato de trabajo individual. El contrato individual de trabajo que afecte los contenidos mínimos del contrato colectivo se encuentra afectado por la nulidad que determina el artículo 953 del Código Civil.[1]

Reconocida la huelga como derecho o como libertad de ejercicio colectivo, aparece la obligatoriedad "erga omnes" del Convenio Colectivo homologado.-

Aquí si encontramos características particulares, en la posibilidad de extensión de los efectos del contrato colectivo a quienes no han concurrido con su voluntad a la concreción del negocio jurídico colectivo.-

El art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza a los gremios (entendidos como una pluralidad de trabajadores) la posibilidad de celebrar convenios colectivos de trabajo. Esta garantía implica al menos el reconocimiento del interés colectivo como un interés diferente al interés individual del trabajador. Sea el Sindicato o la comisión interna o un grupo de trabajadores organizados quienes pactan, lo hacen en representación del interés colectivo que representan y no del interés individual de cada uno de los trabajadores.-

Esta representación diversa del interés colectivo reconocida por la Constitución Nacional en modo alguno implica la creación de una anarquía normativa sino, por el contrario, la articulación de las distintas esferas de representación en la medida de su posibilidad de creación de normas válidas. La clave de bóveda de esta articulación está dada por el principio protectorio. Del mismo modo que sólo es válido el Convenio Colectivo que establezca condiciones (márgenes de libertad) superiores a los del mínimo legal, podemos afirmar que la representación del interés colectivo sólo es tal cuando tiene por objeto obtener condiciones superiores a las del mínimo normativo de ámbito superior.-

Así, si bien la representación del interés colectivo reposa, en primer término, sobre la organización sindical con personería gremial, la organización sindical que carece de ella puede actuar representando el interés colectivo de los trabajadores[2] sobre los aspectos en que no existiere representación del interés colectivo ejercida[3]. En otras palabras, lo que legitima la actuación del interés colectivo de los trabajadores por la organización sindical simplemente inscripta o por la comisión interna es la inexistencia de representación del concreto interés colectivo que se pretende gestionar en el marco normativo vigente[4].-

Esta "representación vicaria" del interés de los trabajadores por organizaciones distintas a la organización con personería gremial o por la coalición de los propios trabajadores se legitima por la falta de actuación del interés colectivo concreto por parte de quien es, en primer término, el representante de este interés colectivo.-

Reconocida constitucionalmente la existencia del interés colectivo de los trabajadores como interés protegido por el derecho, la actuación de éste por parte de quienes legítimamente lo ejercen permite su reconocimiento por la vía contractual, si bien, por esta vía, resulta inaplicable a los terceros que no concurrieron a conformar su voluntad.-

La posibilidad de la ampliación de sus contenidos normativos a quienes no concurrieron a la conformación del negocio jurídico sólo es posible por la intervención del Estado. Esta ampliación del ámbito de vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo ya escapa a las posibilidades emergentes de la fuerza vinculante del contrato. Sin embargo, como es advertido por la doctrina, ésta posibilidad tiene como precio una mayor intervención del Estado en el ámbito de la autonomía colectiva[5].-

La actividad del Estado, como lo hemos visto resulta menester para conferir a un Convenio Colectivo de Trabajo vigencia "erga omnes". Esta actividad del Estado de control debe operar esencialmente en dos aspectos: a) control de la representatividad de los firmantes; b) control de las cláusulas capaces de afectar la libre competencia o la economía en general. Fuera de estos supuestos, suscribimos la opinión de Lyon Caen[6] para quien "el responsable de la empresa no puede ser mejor defendido que por sí mismo y que "el rol de los jueces o de la administración no puede oponerse a los acuerdos con base en una abstracción".-

Esta opinión es particularmente certera cuando nos referimos a los convenios colectivos de trabajo no formales, aquellos que surgen como consecuencia del consentimiento. Este tipo de contratos requieren para su validez exclusivamente que exista una actuación legítima del interés sindical. Es decir, que no resulten contradictorios por establecer condiciones inferiores, al interés colectivo ya actuado.-

Tener en cuenta que lo representado es el interés colectivo y no las personas de los trabajadores diluye las dudas que pudieren existir respecto de la aplicabilidad del convenio colectivo no formal respecto del personal que, por ejemplo, aún no había ingresado al establecimiento. La aplicación del convenio colectivo no formal es directa, ya que quien firmó lo hizo en representación del interés colectivo con abstracción de los concretos trabajadores individuales que en ese momento integraban el plantel del establecimiento.-

En cuanto a su eficacia no debe olvidarse que en nuestro derecho las normas que emergen de los contratos no difieren cuando se ajustan a la moral y al orden público de las que emanan del legislador en sentido material. "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cuál deben someterse como a la ley misma" (art. 1197 del Código Civil Argentino).-

En tal sentido, la posibilidad de contratar del empleador se haya limitada por las cláusulas colectivas que él mismo firmó y que actúan sobre los concretos contratos individuales de trabajo. Si el contrato individual no se ajusta en su contenido a las pautas mínimas que establece este convenio colectivo de trabajo, las cláusulas se suplantan por las de éste en la medida que en el acuerdo individual el empleador ofertó lo que era imposible jurídicamente, ya que se encontraba ligado por el convenio colectivo anterior.-

Una vez reconocida la autonomía del interés colectivo, su consecuencia es que los contratos individuales se ajustan a los contenidos establecidos por el contrato que asegura el mínimo del interés colectivo. Sin esta posibilidad de suplantación de las cláusulas inferiores carece de sentido el reconocimiento mismo del interés colectivo.-

Lo que se actúa en el Convenio Colectivo de Trabajo es el interés colectivo. Como consecuencia de él, ingresan en el ámbito de la ilicitud de objeto los contratos individuales que pauten condiciones inferiores a aquellas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo. El interés colectivo es actuado en las cláusulas denominadas normativas, en las cláusulas denominadas obligacionales, lo que se actúa es el interés individual de la organización sindical.-

El sindicato no es el interés colectivo, simplemente lo representa.-

Las obligaciones que emergen de las cláusulas normativas del Convenio Colectivo de Trabajo son las vinculadas al ámbito de licitud de las condiciones de contratación de los contratos individuales de trabajo (el objeto y contenido del mismo), no las prestaciones que emergen de éstos.-

Es que en modo alguno se enajena a través de la contratación colectiva la fuerza vinculante del contrato individual de trabajo, simplemente se acota el objeto lícito de la contratación como efecto de contrato colectivo.-

Al garantizar la Constitución a los gremios la celebración de convenios colectivos está reconociendo previamente la existencia del interés colectivo como interés a ser reconocido por el derecho ya que el ejercicio de un derecho no puede ser garantizado si previamente no se reconoce este derecho. Obviamente, este reconocimiento efectuado con la reforma de 1957 es ampliado por la reforma constitucional de 1994 que reconoce el interés difuso.-

El reconocimiento del interés colectivo sólo puede ser genuino si este incluye al mismo tiempo que su diferenciación de los intereses individuales, su prevalencia respecto de éste. Sin la prevalencia del interés colectivo sobre el individual el reconocimiento del interés colectivo sería una mera apariencia.-

Afirmar que el Convenio Colectivo es consensual no presupone afirmar que el Convenio Colectivo destinado a su homologación tenga validez sin alcance "erga omnes" en el supuesto de que la homologación no fuera obtenida. En este tipo de supuestos, la situación se encuentra regida por el art. 1145 "in fine" del Código Civil: "?o que las partes hubiesen estipulado que sus convenciones no fuesen obligatorias, sino después de llenarse algunas formalidades" y su concordante art. 1183. Para afirmar esto concurre tanto la norma legal como el hecho que quienes se obligan en un convenio colectivo formal lo hacen en el entendimiento de que todos los empleadores de la actividad se encontrarán en similares condiciones. Falla, en este supuesto, la causa motivo de la contratación de la que ambas partes tenían conocimiento y que opera como condición para la validez del acto.-

 

2. Orden público de dirección y orden público de protección.-

Como hemos visto en el capítulo anterior, la legitimidad del principio del orden público está condicionada a la protección de la libertad concreta del hombre. Podemos afirmar que, en general, los intercambios entre personas son, de por sí, socialmente útiles pues a través de ellos se pone en marcha el principio de cooperación social ínsito en la naturaleza humana.-

En general, el orden público opera mediante la invocación de un interés general de la sociedad. A este interés general de la sociedad se subordina la fuerza vinculante del acuerdo de voluntades de las partes. En una sociedad democrática debe presuponerse la legitimidad de la disposición de orden público que establece límites sobre la libertad contractual, en la medida que quien la ha determinado goza de representación política de del conjunto.-

Sin embargo, esta presunción de legitimidad no puede llevarnos al extremo de considerar válida por sí misma toda disposición que limite la libertad contractual o afecte su fuerza vinculante. Toda disposición de orden público está afectada por consideraciones de utilidad pública que, como corolario del principio republicano de gobierno, debe poseer razonabilidad, una adecuada relación de medio a fin entre el mal que se pretende conjurar y el remedio impuesto como consecuencia de la norma de orden público.-

Tanto en el orden público de dirección como en el orden público de protección la utilidad pública es la causa fuente de la restricción contractual. Sin embargo, tanto el tipo de motivaciones que inspira la utilidad pública como las consecuencias emergentes de ellas (el modo en que operan el orden público de dirección y el orden público de protección) nos permiten distinguir netamente ambos aspectos del orden público.-

En el orden público de dirección la utilidad pública mentada está dirigida a la sociedad en su conjunto. Pertenecen a éste tipo de orden público las normas que limitan la actualización monetaria de las obligaciones en dinero o, incluso en el ámbito del derecho del trabajo, la facultad del Ministerio de Trabajo para no homologar el convenio colectivo cuyas cláusulas puedan ser lesivas para la economía nacional o para la actividad que el contrato colectivo pretende regir[7]. Pertenecen a este tipo de orden económico también las normas de preservación de la competencia o la contratación de un sicario.-

El orden público de protección, por el contrario, tiene por objeto asegurar la vigencia real y concreta de la libertad contractual. También en este supuesto el fundamento es la utilidad pública, pero ésta utilidad pública está enraizada directamente en los principios esenciales de un sistema republicano de gobierno.-

A un estado de derecho no le resulta indiferente la posibilidad de excusa del dolo obligacional, la imposición de condiciones desde la posición dominante en el contrato o la utilización de la violencia para obtener la cooperación requerida. Esta garantía de la libertad contractual no resulta de la naturaleza laboral, civil o comercial de las obligaciones asumidas en el contrato sino, por el contrario, del espíritu que nutre a estas disposiciones.-

El orden público de protección opera mediante dos técnicas que son complementarias. La una, que opera sobre los aspectos subjetivos de la contratación, vela por la formación de un consentimiento legítimo, ora por la regulación de los vicios del consentimiento, ora por aplicación de la lesión subjetiva o del principio del abuso del derecho. La otra, que tuvo su origen precisamente en el derecho del trabajo, opera sobre los elementos objetivos de la contratación a través de normas imperativas mínimas.-

A su vez, de acuerdo a las técnicas utilizadas, la sanción de nulidad consecuente con la antijuridicidad ha de ser distinta. Cuando el orden público protectorio opera sobre elementos subjetivos de la contratación la nulidad es necesariamente relativa.-

No ocurre así en el supuesto de que el orden público opere sobre los elementos objetivos de la contratación mediante normas imperativas mínimas, ya que de conformidad a los artículos 19 y 872 del Código Civil, "La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno, pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia" y que "Las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales; pero no a los derechos concedidos, menos en el interés particular que en mira del orden público, los cuales no son susceptibles de ser el objeto de una renuncia".-

Cuando el orden público de protección opera a través de las normas imperativas mínimas, el interés individual es secundario respecto del interés público en la regularidad de la contratación. Es que la norma imperativa mínima es imperativa hasta la concurrencia del valor normado y, por tanto la convención que altere éstos contenidos es nula de nulidad absoluta. Esta forma de operar del orden público de protección tiene amplia utilización aún en el derecho civil, como puede observarse en las disposiciones referidas a la locación urbana de viviendas o a la protección de los derechos del consumidor.[8]

Como señala claramente Guestin, "Si una regla imperativa tiene en vista proteger a una de las partes en contra de la otra, parece difícil para ésta última hacer operar la acción de nulidad. Solo la parte protegida, el trabajador o el consumidor, puede invocar las reglas que aseguran su protección".-

Ahora bien, si el orden público de protección actúa a través de formas imperativas o de la determinación de contenidos típicos para determinar una consecuencia, la nulidad del acto es inoponible al trabajador, lo que importa la posibilidad de la actuación de efectos válidos a pesar de la nulidad que pesa sobre los contenidos de la contratación. En la medida que el acto jurídico es contrario a derecho ello habilita la actuación de la autoridad administrativa represiva de las violaciones a la ley laboral.-

En tal sentido, ante la acción judicial del trabajador fundada en los efectos del acto de contenido nulo, no obstante la nulidad manifiesta, el juez no puede declararla precisamente por esa inoponibilidad del vicio al trabajador.-

Por el contrario, cuando el orden público de protección actúa como norma imperativa mínima, no hace falta el requerimiento del trabajador para la aplicación de la norma imperativa. Por ejemplo, si el trabajador por error demanda diferencias salariales inferiores a las existentes por la aplicación del Convenio Colectivo y, siempre y cuando éste hubiera sido designado con precisión (art. 8º RCT) el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable el juez puede y debe condenar por las reales diferencias salariales.-

Sea a través de las formas o de la determinación de negocios típicos o de las normas imperativas mínimas, la violación de normas que reglan la constitución de negocios válidos en el marco del orden público de protección la nulidad emergente es siempre absoluta, ya que lo afectado es el objeto mismo del negocio jurídico.-

 

3. El contrato individual es la fuente inmediata de las obligaciones que de él emergen.-

Este tema fue tratado en nuestro país en los albores del desarrollo sistemático del derecho del trabajo y probablemente, como consecuencia de esa necesidad de afirmar la independencia de la disciplina naciente o fruto de la incipiente elaboración sistemática del derecho contractual en el mismo derecho común (el primer texto que trata el tema seriamente es el de Gounot[9], de 1912) llevó a nuestra doctrina a la admisión de posturas "heterodoxas" respecto de la teoría contractual general. De este modo, las posiciones sobre el punto eran las de Nápoli y la principal doctrina uruguaya que sostenía la tesis de la incorporación al contrato de las cláusulas del derecho imperativo y la que sostenía la no incorporación sino la existencia de un marco normativo imperativo y heterónomo que se aplicaba en supuestos de contradicciones entre las cláusulas individuales cuyo principal sostenedor era, precisamente, Juan Carlos Fernández Madrid en su antigua tesitura. Existieron también otras doctrinas menores como la de la comunidad que cuestiona la base contractual de la relación de trabajo, pero este tipo de concepciones estatutarias es más propia de los fascios, que de un sistema republicano de gobierno.-

La propuesta actual de Fernández Madrid es precisamente la vuelta al análisis clásico de las manifestaciones de la libertad contractual y sus límites. Lo primero que ha de tenerse en cuenta para evaluar la cuestión es la existencia de órdenes distintos fundados en el interés colectivo y en el interés individual y, su vez, como éstos intereses se encuentran limitados por el orden público.-

En principio, ha de estarse al principio de libertad contractual consagrado por el art. 1.197 del Código Civil en cuanto a la gestión de los respectivos intereses. Cuando una norma constituida en el ejercicio del interés individual colisiona con una norma jerárquicamente prevalente (como es el supuesto del reconocimiento del interés colectivo en nuestra inteligencia constitucional), la norma individual se modifica hacia el mínimo impuesto por el orden público[10]. Pero esa norma contractual no se identifica con la norma de orden público[11] sino que es simplemente la norma contractual adecuada al régimen imperativo[12]. Debe señalarse asimismo que la pluralidad de fuentes propias del reglamento contractual es receptada expresamente en art. 913 del Proyecto de Código Civil de 1998 y, de modo implícito en múltiples normas de éste, como la normativa específica de los contratos predispuestos o de adhesión (arts. 899 y 965 a 970), la recepción del concepto de tipicidad social en el art. 914 o la admisibilidad de la validez del acuerdo "parcial" para la formación del contrato (art. 916).-

En tal sentido, la norma individual contractualmente pactada que resulte equivalente al mínimo común determinado por la norma contractual colectiva no es una norma colectiva sino una norma individual. La modificación hacia abajo del mínimo imperativo no modifica la validez de la norma individual pactada ni la afecta. Por el contrario, la elevación del mínimo imperativo provoca la modificación de la norma individual hacia los contenidos mínimos de la norma colectiva, pero no altera su naturaleza de norma individual.-

Así, por ejemplo, si en un contrato de alquiler de vivienda urbana se pactara una locación por el plazo de seis meses, existiendo una norma que impone un mínimo imperativo de veinticuatro meses, la norma individual contractual se modifica hacia el mínimo legal, pero ello no implica afirmar que la naturaleza de la cláusula ha mutado de convencional a legal.-

Simplemente, las convenciones hechas en los contratos tienen fuerza vinculante o es ejercida lícitamente la libertad contractual de determinar las cláusulas cuando se ajustan al mínimo imperativo (en este caso legal). El desajuste entre la cláusula dispuesta y la norma mínima imperativa produce la alteración de los contenidos de la cláusula para su adecuación a los mínimos imperativos, pero no altera su naturaleza contractual.-

Siguiendo con el ejemplo, supongamos que, transcurridos los seis meses el locador de la vivienda turbare la pacífica tenencia del locatario, a nadie se le ocurriría pensar que la responsabilidad del locador deba juzgarse por las reglas de la responsabilidad extracontractual pues el plazo de ejecución de la obligación principal feneció a los seis meses y que la prolongación es consecuencia del imperativo legal. No, la responsabilidad es contractual y la obligación del locador de no turbar la tenencia del inquilino sigue siendo contractual hasta la finalización de la cláusula contractual con la modificación establecida por la ley de orden público.-

El contrato se celebra conforme lo pactado por las partes y con los límites que impone el orden público. Transgredido el orden público, la validez de la cláusula y la fuerza vinculante del contrato se adecúan al orden público, pero la naturaleza contractual no muta.-

Del mismo modo, supongamos la misma hipótesis y que, en el curso de la ejecución del contrato, la norma de veinticuatro meses hubiera mutado a doce meses como mínimo garantizado para la ejecución del contrato de locación de vivienda urbana. Ello no le da derecho al locador a exigir el lanzamiento a los treces meses de iniciada la ejecución del contrato pues lo que ha mutado es el mínimo para acordar fuerza vinculante a lo pactado, no la obligación en sí misma que ha quedado constituida contractualmente en los veinticuatro meses por efecto de la norma de orden público.-

Lo mismo sucede con los salarios. La modificación del mínimo imperativo no afecta la constitución de obligaciones válidas. La nueva norma tendrá efecto para nuevas contrataciones (que pueden implicar nuevas relaciones laborales o modificación de las constituidas, tema cuya validez es analizado por Fernández Madrid en el mismo trabajo y sobre el que nos extenderemos más adelante), pero en nada afecta las condiciones contractuales válidas. La disminución del mínimo colectivo no conlleva la caída de las remuneraciones individuales.-

La interpretación de los contenidos de los negocios jurídicos laborales han sido objeto de normas específicas contenidas en el RCT y generales reguladas en el Código Civil. Esto, obviamente no supera los problemas de la interpretación del contrato ya que aún estas normas son objeto de interpretación.-

Como señala Messineo "Pero en tanto que la tarea del intérprete de la norma jurídica está -en cierto modo- circunscrita, por cuanto la interpretación de la norma se limita a liberar a ésta última de las limitaciones y ambigüedades que eventualmente la afecten y, por consiguiente, es una interpretación esencialmente objetiva, la tarea del que interpreta un contrato es mucho más compleja y ardua puesto que debe, además de eliminar las eventuales dudas o ambigüedades, aclarar también cuál es la voluntad concreta de las partes;; en consecuencia, realiza una función objetiva y subjetiva a la vez, que consta, así, de dos momentos lógicos autónomos"[13].-

En general, hasta la revisión de la doctrina general del contrato efectuada por Juan Carlos Fernández Madrid, no se analizó en la teoría adecuadamente la función regulatoria mediata que tiene la ley respecto del contrato de trabajo. La causa inmediata de las obligaciones laborales es siempre el contrato o el ejercicio de los poderes exorbitantes del empleador.-

Es en esta inteligencia que la tarea de interpretación de los contratos laborales no puede agotarse en la interpretación de la norma jurídica laboral (sea de origen legal o convencional colectivo) sino que, en primer término, se debe determinar cuáles son las obligaciones que emergen de la contratación individual (interpretación del contrato propiamente dicha), y, recién en segundo lugar, determinar por un juicio de compatibilidad con las normas imperativas (para lo que es necesaria la interpretación de las normas) si las cláusulas pactadas pueden integrar o no el contenido del contrato (sólo es contrato de derecho el contrato lícito).-

Las normas legales o convencionales colectivas sólo integran los contenidos de la contratación de modo supletorio ante la inexistencia de norma convencional válida (sea por ausencia de convención expresa, sea por invalidez de la cláusula pactada).-

Es cierto que la fuerte regulación de contenidos mínimos desde el orden público de protección nos lleva inconcientemente a unilateralizar los contenidos de la interpretación y a reducirla en la práctica a una interpretación de normas. Pero ello no puede, desde un punto de vista teórico, llevarnos a olvidar que en el análisis de los contenidos de toda contratación debe analizarse en primer término cuáles son las cláusulas convencionales que regían la contratación.-

El contrato, como un todo, se constituye por la voluntad individual expresada a través de normas válidas (las inválidas se sustituyen adecuándose al mínimo imperativo). Esta unidad negocial no puede ser objeto de análisis parciales ni determinadas conductas consideradas como permitidas y prohibidas al mismo tiempo. La diferenciación entre los órdenes individual, colectivo y general nos permite establecer algunos corolarios.-

El contrato individual de trabajo es la única fuente inmediata de las obligaciones laborales. Correlativamente, estas son efecto del acto jurídico que les diera origen. Las normas de orden público, cuando una norma contractual lo afecta, determinan la nulidad de esa norma individual.-

Frente a la nulidad de la cláusula el espacio de conductas que no ha tenido una expresión de voluntad válida capaz de reglar sus derechos no cae en una laguna del derecho. Por el contrario, el contrato se integra con los contenidos de la ley que actúa supletoriamente en todo supuesto de falta de expresión válida, sea porque las partes no pactaron o lo que pactaron es inválido.-

En el caso de un contrato civil la integración se produce mediante la aplicación subsidiaria de la ley. En el caso del contrato de trabajo el proceso de integración contractual se produce acudiendo a las normas supletorias (en el sentido que sólo integran el contrato en el supuesto de falta de expresión válida de voluntad) de la ley o del convenio colectivo.-

Esta misma relación existe entre el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley. La expresión de voluntad colectiva que vulnere los mínimos imperativos de la ley es nula, lo que da lugar a su reemplazo por los contenidos supletorios de la ley, tal como expresamente lo establece el artículo 7º de la ley 14.250.-

Lamentablemente, una de las características de la contratación colectiva cooptada consiste, en la utilización oblicua de facultades acordadas por la ley para desconocer principios vinculados aún a la tipicidad legal. Esto nos lleva a pensar, con relación al problema general de la unidad o pluralidad sindical, si no son más lesivos para el interés de la clase trabajadora los dirigentes amarillos que los sindicatos amarillos (riesgos a los que afectan prioritariamente las opciones políticas sobre el modelo sindical).-

Un ejemplo de ello es la regulación de las propinas. La norma del art. 113 RCT es suficientemente clara en cuanto a que la oportunidad de ganancia forma parte de la remuneración siempre que sea habitual y no estuviesen prohibidas. El convenio colectivo aplicable a la actividad gastronómica, al solo fin de excluir el carácter remuneratorio de las mismas establece su prohibición.-

La norma convencional colectiva que contraría una norma de orden público carece de fuerza vinculante. En esta inteligencia, el CCT no puede definir la remuneración de un modo distinto y más perjudicial para el trabajador que lo determinado por la ley.-

El convenio colectivo no puede establecer una prohibición sobre las conductas contractuales que no son ilícitas ya que el sindicato no representa a los trabajadores como en la relación de mandato del derecho civil sino al interés colectivo de éstos. La función de las normas legales o convencionales colectivas es establecer pisos mínimos de validez de la fuerza vinculante de los contratos, pero no tornar ilícitas decisiones contractuales que no vulneran el orden público laboral. Si el contrato individual es superior al marco mínimo del convenio, el ejercicio de la libertad contractual tiene como efecto la fuerza vinculante del contrato en los términos del art. 1197 del Código Civil.-

Si el empleador no prohíbe las propinas éstas son remuneraciones. Que en esta inteligencia, si las propinas no estaban abiertamente permitidas, lo que equivale a decir que eran toleradas, no puede afirmarse que las propinas estuvieran prohibidas por el convenio colectivo de trabajo.-

No es posible ignorar que en la actividad gastronómica una de las condiciones esenciales de la contratación es la proporción de propinas. Los mozos prefieren ir a los restaurantes de mayor calidad y se capacitan para ello no por el salario que en mucho no varía sino por la posibilidad de obtener mejores propinas. Ignorar este hecho que constituye uno de los objetos tenidos en vista por los mozos para contratar es ignorar la norma y la realidad social.-

Pero lo que es fundamental es que el negocio jurídico individual es una unidad. Si en el negocio jurídico individual las propinas no se encuentran prohibidas, la norma contractual individual establece derechos superiores a los del convenio colectivo de trabajo y, como consecuencia de ello, la norma individual no es desplazada en cuanto a sus contenidos por la norma del convenio colectivo de trabajo. No es posible afirmar que una conducta es permitida y prohibida a la vez sin riesgo de esquizofrenia en el análisis jurídico.-

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en la relación típica entre trabajador y empleador es habitualmente garantizada por otro sujeto que, por las particulares condiciones de la contratación, asume una obligación contractual de garantía sobre los créditos del trabajador o de la seguridad social. La doctrina ha tendido en general a calificar esta obligación como una fianza por el cumplimiento de las obligaciones del empleador. En la medida que la fianza constituye una de las cláusulas esenciales de la contratación, la modificación de la norma imperativa que establecía esta obligación contractual para suplantarla por una carga legal no afecta las relaciones regularmente constituidas.-

Analizar las normas contractuales de conformidad a lo normado por el art. 1197 del Código Civil nos lleva, en primer término, al análisis del interés objetivo de cooperación existente entre las partes y que resulta de la concreta relación obligatoria asumida.-

La diferencia entre el interés individual y el interés social típico protegido por el derecho se encuentra vinculada a la razón misma de la fuerza vinculante del contrato[14]. No es lo que las partes esperen del contrato lo que determina la obligatoriedad de las conductas sino el fruto del acto de cooperación que se manifiesta en el contrato.-

El interés protegido es, precisamente, ese interés social típico, no el simple acuerdo de voluntades, como lo pone de manifiesto el desarrollo de la lesión subjetiva, la doctrina sobre las cláusulas predispuestas y los contratos de adhesión e incluso, con anterioridad a la generación de los contratos de masa, por la necesidad de atender a los fines reales del negocio jurídico antes que a la declaración, como lo sostuviera el mismo Savigny.-

De esta relevancia y prevalencia del interés social típico protegido se desprende también la necesidad de analizar las prestaciones de la obligación no de acuerdo al nombre que le acuerden las partes sino al interés social típico que la prestación se encuentre dispuesta a satisfacer. Este concepto, si bien aún no había adquirido carta de ciudadanía en nuestra materia como instrumento teórico (las investigaciones de Betti o Barbero son casi contemporáneas), actuaba concretamente en la herencia de la jurisprudencia fundante de nuestra disciplina. ¿Qué otra cosa sino la operatividad de este concepto fue lo que permitió calificar como antonomasia de la contratación fraudulenta al alquiler del sillón del peluquero?

Este instrumento teórico no es ajeno a nuestra historia y formación como laboralistas. Su novedad, en cuanto instrumento, es precisamente su cualidad de actuar, como la navaja de Ockam, como línea de demarcación. La verdadera función de la teoría consiste, precisamente, en orientar la práctica. La teoría que no tiene por objeto transformar las condiciones reales en las que el hombre produce y es producido es una mera discusión sobre el sexo de los ángeles. Sin embargo, cuando el pensamiento se aletarga en pos de soluciones fáciles y la teoría no elabora los caminos indispensables por los que debe transitar el pensamiento, ponemos en riesgo nuestra herencia.-

De este modo, el reconocimiento efectuado por el sindicato carece de legitimación en tanto no es el sujeto llamado a actuar en un interés individual y de legitimidad y cuando además los contenidos del reconocimiento contravienen el orden público de protección.-

Tampoco resulta procedente el agravio respecto al progreso de los rubros "art. 8 y 15 de la ley 24013", pues como bien lo destacó la juzgadora de grado, efectivamente el actor intimó vigente el vínculo laboral con SIAT S.A. -que conforme con lo expuesto precedentemente- era la real empleadora, surgiendo ello de las misivas obrantes a fs.108 y 109, amén de resultar de aplicación respecto del art. 8 del precitado cuerpo normativo la doctrina plenaria dictada in re: "Vázquez María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/despido" (elDial.com - AA60A3) (fallo plenario Nº 323).-

Suerte adversa obtendrá también el agravio respecto a la condena con fundamento en el art. 2 de la ley 25323, toda vez que intimada que fue SIAT S.A. como la real empleadora, conforme con la CD obrante a fs. 121 a efectos de que se le abonase las indemnizaciones correspondientes ante la denuncia del vínculo efectuada y la negativa a dicho requerimiento por parte de ésta, lo que obligó al accionante a tener que transitar la obligatoria etapa administrativa previa para luego poder acudir a sede judicial, es que ha de confirmarse este aspecto del fallo anterior y en consecuencia prospera este rubro por la suma de $10.842,42, sin que resulte determinante en tal sentido que la empresa de servicios eventuales ?interpuesta fraudulentamente conforme lo concluido en párrafos anteriores? hubiese dispuesto el despido del actor y abonado una suma en concepto de indemnización, pues no era la real empleadora dicha empresa y el vínculo con SIAT S.A. -que sí lo era- permanecía aún vigente.-

En cuanto a la condena con fundamento en el art. 45 de la ley 25345 y a tener que entregar los certificados previstos por el art. 80 del RCT, es cuestión que también debe ser confirmada, pues el actor no se encontraba debidamente registrado por quien era su real empleadora, esto es SIAT S.A., la que hizo caso omiso a las intimaciones que en tal sentido efectuó el trabajador.-

Por último, le asiste razón en cuanto a la existencia de un error aritmético en la determinación del capital de condena, pues efectivamente la suma de los rubros que integran la condena y que se enumeran a fs. 445 arroja la suma de $102.088,78 y no $105.088,78 por lo que descontado el monto de $28.230,80 se obtiene un capital de condenan de $73.857,98. Sin embargo, esta aclaración aritmética queda supeditada a la posible modificación o no que el análisis de los agravios vertidos por la parte actora pudiese ocasionar y que seguidamente paso a considerar.-

La primera de las objeciones del trabajador es respecto de la determinación de la mejor remuneración normal y habitual, pues señala que en el fallo se fija por tal concepto la de $ 4.637,84 cuando de la planilla de salarios adjuntada por el perito contador como Anexo I surge que fue de $ 4.837,84 correspondiente al mes de abril de 2009.-

En primer término corresponde aclarar que de la lectura del mencionado Anexo I obrante a fs. 386 surge que la suma de $ 4.837,84 no es la correspondiente al mes de abril sino al mes de mayo de 2009, sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que en la demanda nada se adujo respecto del pago de sumas no remunerativas, más aún expresamente se aclara que la liquidación que allí se practica se realiza considerando como mejor remuneración normal y habitual la suma de $ 4.628,67, es decir un monto ínfimamente menor al que en definitiva se fija en el fallo de grado ($ 4.637,84), por lo que no habiendo sido ello una cuestión propuesta a la decisión de la Sra. Juez de origen, el tribunal resulta impedido de fallar al respecto (art. 277 CPCCN).-

Lo expuesto precedentemente sella también la suerte del agravio siguiente con fundamento en el cálculo de la indemnización prevista por el art. 80 RCT.-

Por último, se agravia por la falta de condena en los términos del art. 9 de la ley 25.013 y art. 275 LCT, sin embargo en mi opinión no puede obtener favorable recepción.-

Así lo afirmo, pues la conducta temeraria o maliciosa no surge del hecho que el empleador haya perdido el pleito o no hubiera podido concretar una medida probatoria que apoyara su tesis defensiva, sino que en cada caso el juzgador debe conjugar el derecho de legítima defensa con la necesidad de reparar los daños causados por la conducta procesal asumida por el empleador demandado.-

En el caso particular de autos, entiendo que no puede afirmarse con certeza que la conducta de la accionada tuvo exclusivamente un propósito obstruccionista meramente dilatorio por lo que, existiendo una duda razonable al respecto, considero que en virtud del principio de la amplitud de la defensa, debe rechazarse la aplicación de una sanción como la que se solicita en el memorial en análisis. Por otro lado, cuando se trata de aplicar una sanción por conducta procesal maliciosa, el dolo debe resultar positiva e inequívocamente de la prueba, considerada ésta con rigor propio del ámbito penal y no se han aportado elementos a la causa que permitan tener por configurados los presupuestos que exige la norma procesal.-

 

III) De conformidad con lo expuesto el capital de condena se establece en la suma de $73.857,98 que devengará los intereses dispuestos en la sede anterior por ser los ordenados por esta Cámara en el Acta 2357 y Res. nº 8 del 7/5/02 y 30/5/02, respectivamente.-

 

IV) No obstante arribarse a un capital de condena inferior al dispuesto en la instancia anterior, lo cierto es que ello obedece a un error aritmético y no a una decisión sobre el fondo del asunto, por lo que no corresponde en este caso la aplicación del art. 279 CPCCN a efectos de modificar eventualmente la imposición de costas y honorarios. Así la representación letrada del actor cuestiona por bajos sus honorarios, mientras que la perito contadora hace lo propio por los suyos. Finalmente , SIAT S.A. apela por elevadas todas las regulaciones de fs. 446.-

Considero que en atención al valor del litigio, características del proceso, labores profesionales cumplidas y demás pautas arancelarias vigentes, se exhiben adecuados por lo que propicio su confirmación (arts. 38 LO, 6, 7, 9, 37 y 39 ley 21839 y 3º Dto.-ley 16638/57) y que se calcularán obviamente sobre el nuevo monto final de condena -capital e intereses-.-

 

V) Las costas en la alzada se imponen en un 75% a cargo de SIAT S.A. y en un 25% a cargo del actor en atención a los vencimientos parciales y mutuos habidos (art. 68, 2ª parte CPCCN) a cuyo efecto se regulan los estipendios de las representaciones letradas intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la sede anterior (art. 14 LA).-

 

El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

 

Concuerdo con la solución propuesta por mi colega preopinante de acuerdo a los siguientes fundamentos:

 

I.- No se discute que en el caso de autos el actor fue contratado por la empresa de servicios eventuales Le Suivant S.R.L., para prestar tareas en la codemandada SIAT S.A.-

Por otro lado, tampoco es motivo de controversia que la prestación de tareas del accionante para la usuaria de los servicios se extendió por un lapso mayor a tres años, plazo que claramente excede cualquier nota de eventualidad de la contratación, situación específicamente prevista en el art. 7 del decreto 1694/06.-

Así las cosas, el vínculo contractual de autos quedo comprendido en las previsiones del art. 29 de la L.C.T. (t.o.), norma que dispone en lo pertinente:

"Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación". "En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social..."

En síntesis, SIAT S.A. asumió la calidad de empleador directo de la actora y Le Suivant S.R.L. la de tercero solidariamente responsable. En este sentido, las manifestaciones de las partes colectivas como las que alude la recurrente a fs. (461/vta) en nada modifican el incumplimiento más arriba apuntado.-

En dicho marco, ninguna duda cabe acerca del derecho que asistía a la actora de exigir de su verdadero empleador el adecuado registro de la relación, tal como emerge de la doctrina de la sentencia plenaria "Vázquez María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ despido" (elDial.com - AA60A3).-

En todo lo demás, por compartir sus fundamentos adhiero a la propuesta del primer voto.//-

 

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE1) Confirmar la sentencia definitiva en cuanto fue objeto de recursos y agravios, con excepción del capital de condena que se reduce a la suma de $73.857,98 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS) y que devengará los intereses dispuestos en la sede anterior. 2) Mantener lo decidido en materia de costas de primera instancia y las regulaciones de honorarios allí dispuesta pero se calcularán sobre el nuevo monto final de condena. 3) Imponer las costas de alzada y regular los emolumentos de las representaciones letradas intervinientes de conformidad con lo sugerido en el punto V) del primer voto del presente acuerdo. 4) Reg., not. y dev.Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Sra. Jueza María C. García Margalejo no vota por encontrarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.)

 

Fdo.: Enrique Néstor Arias Gibert - Oscar Zas



[1] Artículo 953 del Código Civil: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que están en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto".

Mediante el convenio colectivo suscripto, el empleador ha sustraído de su capacidad de contratación en el convenio individual la posibilidad de contratar condiciones menos favorables al trabajador que las estipuladas como mínimas. El contrato colectivo enajena la posibilidad de contratar del empleador como efecto de la contratación habida (el efecto del contrato colectivo, la obligación que de él emerge en las denominadas claúsulas normativas es precisamente esa enajenación de la libertad de contratar).

Tal como lo establece el Codificador en la nota al artículo del Código Civil: "Como el acto jurídico tiene por fin cambiar el estado actual de los derechos de una persona, se exige necesariamente que esa persona tenga capacidad de disponer sus derechos".

Lo que enajena en el contrato colectivo el empleador es precisamente esa capacidad de disponer de sus derechos.      

[2] De conformidad a lo normado por el art. 3º de la Ley de Asociaciones Sindicales: "Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador".   

[3]Al respecto, Alejandro Segura, Elementos del Derecho Colectivo del Trabajo, editorial David Grinberg, Buenos Aires, 1994, páginas 81/82 dice: El contrato de trabajo, a través de su estructura jurídica (art. 45. LCT) y muñido de los mecanismos de inclusión legal (arts. 7º, 12, 12, 14 y conscs. LCT) está compuesto por una serie de sub-estructuras normativas que garantizan niveles de protección. En este punto seguimos a Capón Filas que habla de niveles mínimos estatales y sectoriales. Entre estos últimos diferencia lo que llama normas sectoriales colectivas (los convenios colectivos de trabajo y los acuerdos de empresa)que diseñan un nivel de protección que opera imperativamente sobre un colectivo de trabajo nucleado por oficio, profesión, actividad, categoría o unidad técnica de producción; y finalmente, el contrato de trabajo que consagra el nivel individualizado conforme el principio de favor y la adquisición de derechos irrevocables por vía tácita. La expresión niveles de protección que aislamos del contexto impreso por Capón Filas y hacemos devenir esterilizada de otra disquisición subjetivizada, muestra objetiva y socialmente la unidad de régimen en el contrato de trabajo, con la superposición, en una única, de sub-estructuras de distinto origen normativo que se conjugan por el mecanismo de inclusión legal, en cada caso concreto, ponderando las reglas protagónicas del principio de favor con la teoría del conglobamiento por instituciones (art. 9º LCT).                   

[4] Debe, sobre este punto, recordarse la función creadora de normas del interés, como lo pusiéramos de resalto en el primer punto de este trabajo, el nacimiento del derecho del trabajo como lucha por el derecho.  

[5] Como señalan Tomás Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos, Derecho Sindical, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, página 334: "Paradójicamente, sin embargo, el reconocimiento jurídico normativo del convenio colectivo, aún suponiendo por un lado una consolidación del poder sindical y un triunfo de la autonomía colectiva en cuanto que su expresión más caracterizada -el convenio colectivo- viene a significar normalmente también, por otro lado, un aumento de la intervención del Estado en la negociación de los mismos, con la posible pérdida de autonomía colectiva mediante el control que directa o indirectamente pueda ejercer el Estado? Intervencionismo estatal que, en ocasiones puede llegar a superar los límites normales desembocando en una efectiva y cierta instrumentación de la negociación colectiva y, a través de ésta de los sindicatos mismos".           

[6] Négociation collective et legislation d´ordre public, Droit Social, 1973, página 89 y siguientes. 

[7] Uno de los supuestos de intervención legítima del Ministerio de Trabajo es en el supuesto de que los representantes mayoritarios del sector empresario pactarán salarios artificialmente altos para ahogar la competencia legítima de los competidores.

[8] El artículo 37 de la ley 24.240 establece: "Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;

Las cláusulas que importen renuncia o restricción del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;

Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.

Cuando existan dudas sobre los alcances de su negociación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello ffuera necesario.   

[9] E. GOUNOT, Le príncipe de I?autonomie de la volonté en droit privé; Contributions á I?etude critique de l?individualisme posesive, Dijon. 1912.   

[10] En general, toda la doctrina contractual moderna tienen en cuenta que, como dice Francesco GALGANO, El Negocio Jurídico, edit. Tirant lo Blanch,Valencia, 1992, página 78, "?el contenido del contrato no es sólo como expresa el art. 1321 (del Código Civil Italiano), fruto del acuerdo de partes; es más bien , el resultado de una pluralidad de fuentes, una de las cuales es el acuerdo de las partes, y ni siquiera es lo más importante en el caso del contrato con precio u otras cláusulas impuestas por los poderes públicos (o en aquél, que casi siempre puede conducirse al anterior, de la obligación de contratar). El Código Civil expresa esta pluralidad de fuentes de la reglamentación contractual cuando enuncia el principio general en virtud del cual el contrato obliga a las partes no sólo a cuanto en el mismo se expresó sino también a todas las consecuencias que derivan de él según la ely, o en su defecto, según los usos  la equidad (art. 1374)". Debe recordarse que la fórmula del art. 1374 del Código Civil Italiano es similar a la fórmula del art. 1198 de nuestro Código Civil en la redacción originaria de Vélez Sarsfield y que, en nuestra materia, mantiene su vigencia específica en la norma del art. 62 RCT, como lo señalara también Juan Carlos FERNANDEZ MADRID al explicar su cambio de postura.     

[11]En tal sentido, la ley o el convenio celebrado es fuente del reglamento contractual, pero lo que liga a las partes es el contrato legalmente formado", tomado la definición del Código Francés.  

[12] En tal sentido, Francesco GALGAGNO, El Negocio Jurídico, ed. Tirant lo Banch, Valencia, 1992, página 80: "A la jerarquía enunciada por el art. 1374, la doctrina más antigua sobreponía una jerarquía diversa, que colocaba en el vértice la voluntad de las partes, en posición superior respecto de la ley, concibiendo también a ésta como supletoria de la voluntad contractual. Esta herencia del antiguo "dogma de la voluntad", al que la jurisprudencia alguna vez se ah adherido, ha agotado en la actualidad su propia capacidad persuasiva. Una consecuencia significativa que se hacía derivar de la antigua visión era la inaplicabilidad de las normas, incluso operativas, emanadas con posterioridad a la perfección del contrato, que no podían decirse conocidas por los contratantes ni, consecuentemente, queridas por éstos. El caso es que la ley se concibe por el art. 1374 como fuente autónoma del reglamento contractual, concurriendo con la voluntad de las partes en el plano de igualdad: aquella vincula a los contratantes independientemente del hecho de que éstos la conocieran al momento de la perfección del contrato. La consecuencia más general que deriva de la concepción del contrato regida por el art. 1374 es que la violación de normas legales o consuetudinarias o de las determinaciones equitativas del juez, dan lugar a la responsabilidad contractual, no contractual. Quien la viola ha violado el contrato, no la ley o el uso o la disposición del juez" (el resaltado es nuestro).                     

[13] MESSINEO, Francesco, Doctrina General del Contrato, tomo II, página 88.  

[14] Cono señala BETTI, loc. Cit. "Esto aparecerá todavía más claro si se fija uno en la posible interferencia que puede ocurrir, especialmente, en la relaciones de obligación con tracto sucesivo (es decir, aquéllas que presentan una acción continuada), entre el interés típico de la relación contractual y el interés individual y concreto del acreedor. Puede darse, en efecto, que durante el desarrollo de la relación, éste último interés resulte atenuado o venga incluso a decaer. Piénsese, para darnos cuenta de los fenómenos de ésta naturaleza, en un decreto que establezca un bloqueo de posibles despidos, prohibiendo a las empresas de un determinado tipo, despedir obreros, puede suceder que la prestación no satisfaga, en un caso concreto, un interés individual coincidente con el interés típico del contrato de trabajo, del mismo modo que lo satisfacía en el momento de su iniciación. Esto quieta para que el interés típico, propio de aquella relación obligatoria no quede siempre satisfecho en esta situación puesto que prestando el obrero su trabajo en las condiciones previstas en el contrato concluido, satisface el interés típico del empresario, aunque por las particulares condiciones del mercado industrial o de la empresa, este interés típico, no coincida ya con el individual de la misma y se cree una interferencia entre uno y uno interés.".       

 

 

Citar: elDial.com - AA7D80 


26/02/2013 Fabro Rodrigo Daniel c/ SIAT S.A. y otro s/ despido 

publicado por paulatrassens a las 19:19 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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1 Comentario: gustavo ariel cabral
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